De nuevo circula la información, desde el espacio estatal, que se pondrá límites a las empresas que explotan el servicio de transporte público de pasajeros. No es la primera vez que se escuchan voces como estas para que luego todo continúe sin la mejora prometida y sí permanezca el suplicio de los pasajeros.
Ponen como fecha de inicio de las sanciones más severas este 18 de mayo próximo. Es decir, dentro de más de dos semanas, conste que los antecedentes de anomalías e irregularidades se amontonan en los archivos del Viceministerio de Transporte.
Ayer la cartera de Estado anunció que aplicará sanciones económicas a las empresas en el marco de un sistema de control basado en monitoreo en tiempo real. Las multas previstas van de 10 a 173 jornales mínimos, según la gravedad de los incumplimientos, y podrán derivar en sumarios administrativos en casos de reincidencia.
El esquema se sustenta en la Resolución 120/2025 y evalúa el desempeño de cada empresa mediante el cruce de datos de GPS y billetaje electrónico. Cada unidad transmite su ubicación cada 10 segundos, lo que permite verificar la circulación efectiva de los buses y el cumplimiento de frecuencias establecidas. Con esta información, el sistema genera indicadores que asignan puntajes de desempeño a las operadoras.
Desde el sector empresarial cuestionan el alcance de las sanciones y advierten que factores como el costo del combustible, la congestión del tránsito y la reducción de la flota inciden en el cumplimiento de los indicadores exigidos.