El sistema de transporte público metropolitano entró en una nueva fase de control operativo mediante un esquema de monitoreo en tiempo real que releva la circulación de los buses y evalúa el cumplimiento de frecuencias mediante tecnología GPS y datos del billetaje electrónico. El software que utilizan fue desarrollado con el equipo de tecnología con apoyo de los técnicos de transporte.
La medida implementada por el Viceministerio de Transporte forma parte de la Resolución 120/2025, que fija indicadores de desempeño y un régimen de sanciones.
El asesor técnico del Viceministerio, Hugo Ramos Vaesken, explicó para La Tribuna que cada unidad transmite su ubicación “cada 10 segundos”, lo que permite construir una base de datos continua sobre la operación del sistema.
“Por primera vez todos los buses pueden ser monitoreados en forma simultánea”, afirmó y detalló que el sistema cruza esa información con registros de validación de pasajes para determinar qué unidades están efectivamente en servicio.
Vaesken explicó que el modelo genera indicadores que miden el nivel operativo de cada empresa y asigna un puntaje según su desempeño.
En caso de incumplimiento, se activan sanciones económicas que van desde 10 hasta 173 jornales mínimos, según la gravedad. Además, la normativa contempla la apertura de sumarios administrativos en casos de reincidencia.
La implementación es gradual, pero sanciones inician el 18 de mayo
Actualmente se encuentra en etapa de adaptación operativa, extendida hasta el 18 de mayo por una nueva resolución. Durante este período no se aplican sanciones, pero sí se recaban datos y se ajusta el sistema.
Luego se iniciará una fase parcial, con controles en horarios pico y determinados días, hasta alcanzar una aplicación plena que abarcará todas las franjas horarias, incluidos domingos y feriados.
“El objetivo es elevar la calidad del servicio”, sostuvo Ramos Vaesken, quien remarcó que el sistema permite pasar de un control limitado a una supervisión integral basada en evidencia.
Cruce de visiones sobre el problema estructural
Por otra parte, desde el sector empresarial el presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que el control es una función del Estado, pero cuestionó el foco de la medida.
Advirtió que el principal problema del sistema no es la frecuencia, sino el costo del combustible. “Hoy comprás por el mismo dinero menos cantidad. Ese es el punto neurálgico”, señaló.
Ruiz Díaz también puso en duda la efectividad de medir frecuencias en condiciones de tráfico congestionado. “El bus sale en tiempo, pero se tranca en el tránsito. La frecuencia se mide en la terminal, no en la calle”, sostuvo. Según explicó, la velocidad promedio en hora pico es inferior a 10 km/h, lo que impide sostener intervalos regulares.
El dirigente agregó que el sistema opera actualmente con unos 1.600 buses, por debajo de los cerca de 2.000 que considera necesarios. “En dos años desaparecieron más de 10 empresas. Esa falta de flota es lo que la gente percibe”, afirmó.
También cuestionó la falta de políticas integrales y explicó que la solución no es poner más buses en las condiciones actuales y que la necesidad apunta a carriles exclusivos, semáforos inteligentes y “un plan maestro de transporte”.
Mientras el Gobierno avanza en el control con herramientas tecnológicas, el sector privado insiste en que el desafío responde a factores estructurales no resueltos.