El detonante sería una manifestación llevada a cabo el lunes por parte de un sector frutihortícola, que habría bloqueado accesos al predio para exigir la destitución del director, Carlos García. La protesta fue desactivada tras la intervención de autoridades municipales y desde la comuna aclararon que no existe intervención administrativa del mercado, sino un proceso de verificación de denuncias.
“El sumario es para comprobar la veracidad de los hechos denunciados. No podemos tomar decisiones sin pruebas”, sostuvo el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, al confirmar que las acusaciones incluyen supuestos pedidos de coimas y desalojos irregulares.
En comunicación con La Tribu 650 AM, el director del Abasto negó las acusaciones. “Yo me baso en documentos, no en supuestos”, afirmó. Según explicó, las denuncias públicas omiten elementos relevantes, especialmente en casos recientes vinculados a operativos fiscales.
Uno de los episodios que habría sido desencadenante fue una intervención policial y fiscal del 5 de diciembre en tres locales del Abasto, donde, según el director, se incautaron 1.200 dosis de cocaína en uno de los puestos. El local, identificado como A41, pertenece a una permisionaria cuya situación contractual está ahora bajo revisión.
“Estamos hablando de un hecho grave. Eso está en la carpeta fiscal, no es una versión”, subrayó García. Tras el procedimiento, los locales fueron clausurados por orden del Ministerio Público. Sin embargo, días después, uno de ellos habría sido reabierto de forma irregular por la titular, lo que motivó nuevas comunicaciones a la Fiscalía.
El director sostuvo que, más allá de las acciones penales, la administración está obligada por ordenanza a rescindir contratos cuando se verifican faltas graves.
Conflictos por compraventa de locales
Otro eje de conflicto gira en torno al funcionamiento interno del mercado, especialmente sobre la transferencia de puestos. García explicó en La Pelu que la administración no participa en la compraventa de las denominadas “llaves” de locales, pero sí interviene en el trámite formal de cambio de titularidad.
“Es un negocio entre privados. Nosotros solo actuamos en la transferencia administrativa del permiso”, señaló. Según detalló, ese proceso implica el pago de un canon establecido por ordenanza, que ronda el 10% del valor referencial del local, determinado por metro cuadrado.
Las denuncias públicas, sin embargo, apuntan a que esos montos pueden escalar a cifras significativamente mayores en acuerdos informales. García rechazó esa interpretación y afirmó que la administración no interviene en esos valores. “Nosotros no manejamos esos números”, insistió.
Respecto a las multas, el director aseguró que están reguladas por ordenanzas municipales y se aplican según la gravedad y reiteración de las faltas. Mencionó como ejemplo la prohibición de consumo de alcohol dentro del predio, cuyas infracciones pueden derivar en sanciones económicas elevadas en casos reincidentes.
Mientras tanto, el sumario administrativo avanza sin plazo definido. Desde la Municipalidad reiteraron que el objetivo es esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un escenario donde coexisten denuncias cruzadas y posiciones divergentes dentro del propio mercado.
García, por su parte, se mantiene en el cargo y aseguró que continuará al frente de la administración mientras cuente con respaldo del intendente. “Soy un funcionario. Voy a actuar conforme a la ley y con los documentos en mano”, afirmó.