La Fundación Saraki será escenario de la Primera Reunión Plenaria 2026 de la Red Interinstitucional Mbarete, un espacio que congregará a unos 50 representantes de instituciones públicas y organizaciones comprometidas con la inclusión en el país.
El encuentro, impulsado en conjunto con la Oficina de la Primera Dama, marcará el inicio de una nueva fase orientada a generar resultados concretos en materia de accesibilidad e inclusión social.
La Red Mbarete, lanzada en 2024, surgió inicialmente como una iniciativa enfocada en la inclusión socioeconómica de emprendedores con discapacidad. Sin embargo, tras un proceso de evaluación y aprendizaje desarrollado entre 2024 y 2025, el proyecto amplió su alcance hacia una visión más integral, incorporando la mejora de la gestión institucional, la inclusión laboral y la promoción de políticas públicas.
En este contexto, la directora de Desarrollo de la Fundación Saraki, Sol Montiel, explicó que el principal desafío para el 2026 se centrará en tres ejes estratégicos: el fortalecimiento de la gestión inclusiva en el sector público, el impulso de políticas públicas orientadas a garantizar derechos y la visibilización de la temática de discapacidad desde el Estado.
Más inclusión
El primer eje apunta a incorporar indicadores de inclusión en las instituciones públicas, de modo que la accesibilidad y la equidad formen parte de la gestión diaria. Esto implica no solo adaptar procesos internos, sino también garantizar servicios accesibles para la ciudadanía.
El segundo eje se enfoca en el diseño, seguimiento y cumplimiento de normativas que promuevan la inclusión efectiva, evitando que las leyes queden solo en el plano formal. El tercer eje se orienta a la sensibilización y visibilidad, promoviendo una mirada positiva sobre la discapacidad y fomentando su inclusión en la agenda pública.
Para ello, se prevé el desarrollo de campañas, espacios de diálogo y acciones coordinadas entre instituciones. Montiel señaló que uno de los mayores desafíos en la etapa inicial fue lograr la articulación entre distintos actores y alinear prioridades.
“Fue clave pasar de una mirada centrada únicamente en el emprendedurismo a una visión más amplia que incluya la gestión pública y la inclusión laboral”, indicó.
Agregó que la nueva etapa contempla además la implementación de mesas de trabajo temáticas, donde se diseñarán propuestas concretas que permitan avanzar desde el diagnóstico hacia la acción. Estas instancias buscarán generar iniciativas conjuntas con impacto nacional, fortaleciendo el rol del Estado como garante de derechos.
El proyecto también mantiene su enfoque en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, brindando capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias. A través de alianzas con sectores públicos y privados, se promueve la formalización de emprendimientos y su acceso a nuevos mercados.