El Ministerio de Salud Pública dispuso la intervención del Hospital Nacional de Itauguá tras una serie de denuncias por presunto acoso laboral y sexual en el ámbito de formación médica. La decisión, según explicó el viceministro Saúl Recalde en entrevista con radio La Tribu 650 AM, se tomó luego de tres semanas de análisis y recolección de información.
Las denuncias fueron presentadas inicialmente por médicos residentes ante instancias de transparencia y anticorrupción de la cartera sanitaria. A partir de ahí, se realizaron verificaciones internas, revisión de antecedentes en el Instituto Nacional de Salud y reuniones con familiares de las presuntas víctimas, además de consultas con legisladores del área médica.
“Se trata de hechos graves que requieren esclarecer con seriedad. No corresponde acusar sin pruebas, pero sí garantizar que todo el proceso sea investigado de manera rigurosa”, afirmó Recalde para el programa Espresso Informativo.
En principio, la intervención iba a limitarse al área de formación médica. Sin embargo, el Ministerio resolvió ampliar el alcance y ejecutar una auditoría integral que abarque todo el funcionamiento del hospital.
El equipo interventor está encabezado por el director del Instituto Nacional de Nefrología, el doctor Carlos Alberto Román Martínez, y el auditor de la Superintendencia de Salud, el doctor José Luis Molinas. A ellos se suman representantes de áreas clave como recursos humanos, asesoría jurídica, auditoría interna, transparencia, enfermería y obstetricia, entre otras dependencias.
El plazo establecido para la intervención es de 60 días, con posibilidad de extensión.
Tres casos identificados
Según el viceministro, las denuncias incluyen casos de hostigamiento laboral y presunto acoso sexual dentro del sistema de residencias médicas. En total, se identificaron tres casos, correspondientes a mujeres, de las cuales dos formalizaron la denuncia.
Los testimonios recogidos coinciden en los señalamientos y afectan al mismo servicio dentro del hospital. En ese contexto, dos médicos fueron apartados de sus cargos como medida administrativa inicial.
Recalde también indicó que las denuncias ya fueron derivadas al Ministerio Público por parte de los familiares de las afectadas, por lo que el caso sigue su curso en el ámbito penal de forma paralela a la investigación administrativa.
Uno de los puntos bajo análisis es la desmatriculación de las residentes afectadas del sistema de formación. De acuerdo con lo explicado, el proceso involucra a varias instancias: el hospital, el área de educación médica, el Instituto Nacional de Salud y finalmente la universidad que avala el posgrado.
El Ministerio evalúa actualmente la situación académica de las afectadas. En uno de los casos, ya se dispuso el traslado de la residente a otra unidad formadora, mientras se analizan alternativas para las demás.
El viceministro señaló que el objetivo es esclarecer si las decisiones académicas estuvieron vinculadas exclusivamente al desempeño o si existieron irregularidades en el proceso.
“La obligación es revisar todo el circuito de formación médica y determinar si hubo fallas o abusos. Es fundamental que esto se aclare por el impacto que tiene en la credibilidad del sistema”, sostuvo.
El Hospital Nacional de Itauguá es uno de los principales centros de referencia del país, lo que, según las autoridades, refuerza la necesidad de una investigación para garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema de residencias.
