El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a través de su Comisión Permanente de Investigación en situaciones de violencia laboral, ordenó la intervención de la unidad formadora del Centro Médico Nacional, perteneciente al Hospital Nacional de Itauguá. La medida se desencadenó a raíz de graves denuncias de violencia, hostigamiento y acoso sexual presentadas contra el jefe del servicio de Cirugía General, quien también funge como coordinador de residentes.
El viceministro de Salud, el doctor Saúl Recalde, confirmó la decisión en entrevistas radiales, haciendo hincapié en que las acusaciones iniciales fueron impulsadas por una profesional residente del programa de Cirugía General. En total, el viceministro indicó que las afectadas directas son tres profesionales de sexo femenino.
Denuncias reiteradas y acción penal
Las acusaciones contra las autoridades del servicio quirúrgico no son un hecho aislado. Recalde subrayó que la cartera sanitaria ha recibido de manera reiterativa una serie de quejas por parte de médicos y residentes que integran el circuito educativo del ministerio.
La gravedad del caso ha trascendido las barreras administrativas. Según explicó el viceministro, los hechos ya fueron canalizados a través del Departamento de Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Salud, pero también han derivado en denuncias de acción penal privada ante la Fiscalía. Además, la situación captó la atención del ámbito legislativo, contando con el seguimiento de dos senadores de la nación de profesión médica.
Abordaje integral y equipo de intervención
Para el Ministerio de Salud, el eje fundamental de esta intervención es salvaguardar la formación de sus médicos, considerada como el capital más importante de la institución. Por ello, se busca realizar un abordaje integral que evalúe todas las aristas del conflicto dentro del Hospital Nacional de Itauguá.
Para llevar a cabo este proceso, se conformó un equipo multidisciplinario que estará bajo la coordinación del doctor Carlos Alberto Román Martínez, actual director del Instituto Nacional de Nefrología (INN). Este equipo ha sido dotado de plenas facultades para exigir toda la información y documentación necesaria.
El comité interventor está integrado por representantes de diversas áreas clave, el viceministerio de Atención Integral a la Salud; el viceministerio de Rectoría y Vigilancia; laa Direcciones de Gabinete, Servicios y Redes de Salud; la Dirección de Recursos Humanos, Administración y Finanzas; la asesoría Jurídica, Anticorrupción y Transparencia, así como el Instituto Nacional de Salud y otras dependencias técnicas.
Una vez concluida la investigación, el equipo coordinador deberá presentar un informe final que incluya los hallazgos, conclusiones y una serie de recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional, mientras que los casos de carácter penal seguirán su curso en el ámbito judicial de manera privada.
