La propuesta, presentada ante la Cámara de Diputados, no plantea una prohibición total, pero sí diferencia entre pirotecnia visual y sonora, siendo esta última la más restringida por su impacto en personas y animales. Entre sus medidas, establece la prohibición de la venta ambulante, limita la comercialización a locales habilitados y prohíbe el acceso a menores. También dispone que su uso se restrinja a espectáculos autorizados y alejados de hospitales, hogares de ancianos, escuelas y refugios.
La activista Diana Camarasa afirmó que la regulación es urgente y necesaria, al tratarse de un problema de salud pública, bienestar animal y convivencia. Señaló que cada año se registran casos de niños y animales heridos, además de afectaciones a personas con trastorno del espectro autista y adultos mayores. También cuestionó el impacto en el sistema de salud y el gasto estatal en emergencias.
Camarasa calificó el proyecto como innovador y alineado con estándares internacionales, destacando que no solo restringe lo dañino, sino que promueve alternativas como espectáculos de luces y campañas de concienciación. Sostuvo que su efectividad dependerá de la implementación, el control y el compromiso ciudadano, y lo definió como un cambio de paradigma.
En paralelo, el doctor Pedro Ferrer informó que Canela continúa su recuperación tras recibir una nueva prótesis mandibular que mejorará su calidad de vida. Su caso se convirtió en símbolo de la lucha por una regulación más estricta.