La iniciativa llamada “Ley Canela”, en honor a la canina que meses atrás sufrió graves daños en la mandíbula a causa de la explosión de un petardo, no plantea una prohibición total de su uso, pero sí establece una diferenciación entre pirotecnia visual y sonora, siendo esta última la más restringida debido a su impacto en personas con sensibilidad auditiva y animales. La iniciativa reemplazaría a la Ley N.º 6.754/2021, ampliando sus disposiciones dentro de un nuevo régimen de control más estricto.
Entre los principales puntos, se prohíbe la venta ambulante o informal de artefactos pirotécnicos, permitiendo su comercialización únicamente en locales habilitados y bajo condiciones de seguridad. Asimismo, se establece la prohibición de venta a menores de 18 años.
En cuanto al uso, la pirotecnia sonora quedaría limitada exclusivamente a espectáculos autorizados, que deberán ser realizados por operadores capacitados, a menos de 500 metros de hospitales, centros educativos, hogares de ancianos, guarderías y refugios de animales.
El proyecto también establece sanciones que incluyen multas que van de 50 a 500 jornales mínimos, además del decomiso de productos y la eventual clausura de locales. La propuesta contempla programas de reconversión para comerciantes del rubro, promoviendo alternativas como espectáculos de iluminación sin explosiones.
El diputado Rodríguez explicó a La Tribuna que cuentan con documentos que justifican las consecuencias del uso irresponsable de pirotecnia. Mencionó que cada año se reportan en los hospitales graves lesiones, afectando en su mayoría a niños y que a esto se suma el impacto en animales. “Son daños evitables con secuelas permanentes”, dijo.
El portal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) señala que el tratamiento por este tipo de accidentes oscila entre G. 400 y G. 500 millones por paciente.
¿Cómo será el control?
Rodríguez indicó que el proyecto propone un sistema integral de control para enfrentar la venta y uso indiscriminado de pirotecnia, especialmente en el circuito informal. Para ello, establece la coordinación entre instituciones como el Ministerio del Interior, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y los municipios, incorporando mecanismos de registro, trazabilidad y fiscalización de la comercialización.
Indicó además que el plan busca corregir fallas de normativas anteriores, centralizando responsabilidades, estableciendo sanciones claras y fortaleciendo el control interinstitucional, abocados a la prevención. Las denuncias podrán registrarse a través de la Policía Nacional, municipios, Ministerio Público y plataformas habilitadas, promoviendo la participación social en el control.
“Una mirada social”
El diputado señaló que el boceto tiene “una mirada social” y que no solo busca prohibir la fabricación y comercialización de fuegos artificiales, sino acompañar a quienes dependen de este rubro, mediante programas de reconversión laboral, capacitación y promoción de alternativas como espectáculos sin explosión. Insistió en que la medida no busca ir contra la tradición, sino proteger la vida y promover celebraciones más seguras, conscientes y sin daños.
Tres puntos claves
- Prohibición de pirotecnia sonoraLa ley restringe la pirotecnia sonora solo a espectáculos autorizados, operados por personal capacitado y a más de 500 metros de hospitales, escuelas, hogares de ancianos y refugios de animales, protegiendo a personas con sensibilidad auditiva y a las mascotas.
- Altos costos médicos por accidentesSegún el Ministerio de Salud, el tratamiento por lesiones causadas por pirotecnia oscila entre G. 400 y G. 500 millones por paciente, una cifra que el proyecto busca reducir mediante la regulación estricta de la venta y el uso.
- Multas de hasta 500 jornales y reconversión laboralLas sanciones económicas van de 50 a 500 jornales mínimos, con decomiso de productos y clausura de locales. Además, se contemplan programas de reconversión para comerciantes del rubro hacia alternativas como espectáculos sin explosión.