El sector de la infraestructura vial se encuentra en una fase de transición hacia la regularización de sus flujos de caja tras la reunión mantenida con los ministros de Obras Públicas y Economía. Durante la entrevista, el titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), detalló que la deuda de capital del MOPC asciende a USD 200 millones, a lo que se suman USD 110 millones en intereses devengados durante los últimos dos años de atrasos.
La estrategia de cesión de crédito o factoring, contemplada en el PGN 2026, permitirá canalizar hasta USD 150 millones a través del sistema bancario nacional. Esta herramienta técnica otorga una garantía soberana a las facturas de las constructoras, permitiendo que los bancos asuman la deuda con tasas de interés significativamente menores debido al bajo riesgo crediticio del Estado.
El doble costo financiero de los fondos externos
Respecto a los proyectos financiados por organismos multilaterales, el gremio advirtió sobre la ineficiencia de mantener pagos paralizados cuando el dinero ya está disponible en las cuentas estatales. El Estado paraguayo incurre actualmente en un doble costo financiero, pagando intereses a los bancos internacionales por los fondos desembolsados y, simultáneamente, intereses de demora a las empresas constructoras, según lo conversado en Tribu Nativa, por La Tribu 650 AM.
Esta parálisis respondió históricamente a la necesidad de cumplir con los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, aunque Sarubbi calificó la medida como contraproducente para el erario público. La propuesta actual busca liberar estos pagos a corto plazo para reactivar la liquidez de las empresas y permitir la continuidad de las obras de centros de salud y escuelas que dependen de diversos ministerios.
Impacto de la recaudación y el tipo de cambio
La coyuntura económica se vio afectada por una caída de USD 600 millones en ingresos tributarios, fenómeno derivado principalmente de la baja en la cotización del dólar. Al ser un presupuesto basado en supuestos, la herramienta del factoring surge como un mecanismo de estabilización financiera para compensar los desajustes entre los egresos previstos y la recaudación real del fisco.
El titular de Cavialpa estimó que, de cerrarse el acuerdo técnico la próxima semana, los desembolsos efectivos podrían iniciar durante el mes de abril. Esta inyección de capital es considerada vital para que las constructoras puedan cumplir con su cadena de proveedores, permitiendo que el dinero permee hacia los estratos más bajos de la economía nacional que hoy sufren el impacto de la morosidad estatal.
Finalmente, las negociaciones se centran en establecer una tasa justa de intereses para la deuda acumulada, buscando que las empresas recuperen los costos de apalancamiento financiero que debieron asumir con la banca privada. El objetivo institucional es normalizar la relación entre el Estado y sus proveedores, garantizando la seguridad jurídica y la previsibilidad para futuras inversiones en infraestructura.
