Representantes del sector público, del ámbito empresarial y de organizaciones sociales participaron del foro “ConversAcción: Reinserción como capital social, empleo por responsabilidad y desarrollo”, un encuentro que buscó instalar en la agenda el debate sobre el acceso al trabajo para personas privadas de libertad y quienes egresan del sistema penitenciario.
La actividad fue organizada por el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con financiamiento de la Unión Europea, en el marco del proyecto Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad.
Durante la apertura, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, subrayó que la reintegración social de las personas que recuperan su libertad requiere la participación de distintos sectores.
“La reinserción social no es solo un desafío del sistema penitenciario, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. El acceso al empleo es uno de los factores más determinantes para que una persona que egresa pueda reconstruir su proyecto de vida”, afirmó.
En la misma línea, Elizabeth Flores, coordinadora del Programa de Derechos de Personas Privadas de Libertad del Centro de Estudios Judiciales, señaló que el empleo constituye uno de los factores más relevantes para reducir los niveles de reincidencia.
“La evidencia muestra que el acceso al empleo es uno de los factores más determinantes para reducir la reincidencia. Por eso es clave avanzar en políticas y alianzas que acompañen a las personas privadas de libertad y a quienes egresan del sistema penitenciario en su proceso de reintegración”, sostuvo.
Gestiones empresariales con impacto
El foro incluyó paneles dedicados a analizar tanto el rol del Estado como las experiencias del sector privado en materia de reinserción sociolaboral.
El primer panel abordó las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso al empleo. Participaron el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel; la viceministra de Empleo y Seguridad Social, Verónica López; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, Diego Peyrat.
El objetivo fue presentar los programas e instrumentos existentes para promover oportunidades laborales para personas privadas de libertad y quienes recuperan su libertad.
Posteriormente, se compartieron experiencias empresariales vinculadas a iniciativas de inclusión laboral.
Entre ellas, la empresa argentina CookMaster presentó su modelo de gestión con enfoque de triple impacto, que combina actividad empresarial con objetivos sociales.
“Todo empezó cuando el fundador de la empresa se preguntó cuál era el impacto real que podía tener una compañía en la comunidad. A partir de una experiencia concreta con una persona que había recuperado su libertad y buscaba trabajo, entendimos que la empresa podría ser una herramienta de transformación social cuando abre oportunidades reales de empleo”, explicó Samanta Sacaba, líder de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de la firma.
También participaron empresas paraguayas que ya desarrollan iniciativas dentro del sistema penitenciario, entre ellas Ñamopu’a Paraguay y Cortinerías del Paraguay, que compartieron sus experiencias en programas de trabajo con personas privadas de libertad.
David Han, presidente de Ñamopu’a Paraguay, señaló que el involucramiento empresarial surge también de la necesidad de enfrentar el problema de la reincidencia.
“Después de haber sido víctima de varios asaltos y perder a un primo muy joven, empecé a preguntarme por qué el delito se repite una y otra vez. Ahí entendí que el problema no termina con la condena; si al recuperar la libertad no existen oportunidades reales, el círculo vuelve a empezar”, expresó.
La reinserción laboral como desafío social
La coordinadora del foro ConversAcción, Alejandra Mendoza, explicó que el encuentro buscó generar un espacio de diálogo entre distintos actores para promover soluciones concretas.
“El conversatorio consistió en reunir al sector público, al sector privado y a la sociedad civil para poner sobre la mesa la importancia y la urgencia de trabajar en la reinserción social”, afirmó.
Según explicó, el objetivo fue motivar a más empresas a involucrarse en esta agenda, teniendo en cuenta que el sector privado cumple un rol central en la generación de empleo.
“El sector privado tiene un rol fundamental porque es el principal generador de empleo. Cuando hablamos de reinserción sociolaboral, necesariamente tenemos que hablar de oportunidades de trabajo”, señaló.
Mendoza agregó que uno de los principales obstáculos para quienes recuperan su libertad sigue siendo el prejuicio social.
“Muchas personas que salen de la cárcel se encuentran con innumerables barreras. Lo primero que se les pide son antecedentes, y eso hace que se cierren muchas puertas”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que avanzar hacia procesos efectivos de reintegración requiere un compromiso conjunto de toda la sociedad.
“La reinserción social es responsabilidad de todos. Si generamos más oportunidades, tendremos más reinserción, menos reincidencia y más seguridad para la sociedad”, concluyó.
Actualmente, Paraguay registra más de 20.000 personas privadas de libertad, lo que refuerza el debate sobre la necesidad de ampliar las oportunidades de formación y empleo para quienes egresan del sistema penitenciario.
El foro concluyó con un llamado a fortalecer la cooperación entre instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales para avanzar hacia modelos sostenibles de reinserción laboral en el país.