La “Administración Nacional de Electricidad (ANDE)” ejecutó una “intervención contundente” en un local comercial de la ciudad de “Pirayú”, tras confirmar la existencia de una “derivación clandestina” conectada directamente antes del medidor. El procedimiento técnico, realizado bajo el Plan de Reducción de Pérdidas Eléctricas, identificó el suministro bajo el nombre de Hernán Arsenio Pérez, donde se constató un esquema de “evasión de facturación” que afectaba la estabilidad del servicio en la zona. Durante la verificación, los responsables del comercio intentaron frenar el operativo con una “actitud de resistencia y agresividad”, obligando a los funcionarios a mantener un “protocolo de seguridad estricto” para concretar la “normalización del suministro”.
Aplicaron la Ley 7300/24 contra el crimen energético
Este operativo se sustenta en el nuevo marco jurídico de la “Ley 7300/24”, la cual representa un “golpe de timón” en la lucha contra las pérdidas no técnicas del Estado paraguayo. Esta normativa, promulgada recientemente en “Paraguay”, modificó el “Código Penal” para elevar el hurto de energía a la categoría de “delito grave”, permitiendo que los responsables enfrenten penas de “hasta 10 años de pena privativa de libertad”. El trasfondo de esta ley busca desarticular no solo conexiones comerciales irregulares, sino también infraestructuras de “minería de criptomonedas” y grandes industrias que operan al margen de la ley, afectando el “Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.
Multa millonaria y compromiso con la seguridad del servicio
Como consecuencia inmediata del ilícito en el departamento de “Paraguarí”, la institución aplicó una “multa de 43.465.019 guaraníes”, monto que contempla la “energía no facturada” y los gastos derivados del operativo de campo. La “prensa nacional” ha destacado que estos procedimientos se han intensificado ante el aumento de la demanda eléctrica y la necesidad de “sanear las finanzas estatales”. La “ANDE” reafirmó su “compromiso innegociable” de procesar judicialmente a quienes manipulen las líneas de baja y media tensión, subrayando que la “impunidad tributaria” en el consumo eléctrico genera un perjuicio directo a los usuarios que abonan sus facturas regularmente.
