El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fundación ONCE para América Latina firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad visual en nuestro país. El acuerdo contempla capacitación a la Policía, sensibilización y oportunidades de empleo.
La inclusión de las personas con discapacidad visual en la vida social, laboral e institucional de nuestro país dio un paso interesante ayer lunes, con la firma de un convenio marco de cooperación entre el Ministerio del Interior y la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL).
El acuerdo apunta a fortalecer políticas públicas que faciliten la accesibilidad, la participación y la promoción de oportunidades para ciudadanos con discapacidad visual, mediante programas de formación y campañas de sensibilización y acciones concretas para darles oportunidades de educación.
En el acto estuvieron presentes el ministro Enrique Riera, el viceministro Óscar Campuzano y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.
Quiénes son, dónde están y qué necesitan
Durante su intervención, Riera destacó la importancia de avanzar hacia políticas públicas que respondan de manera más precisa a las necesidades de las personas con discapacidad. Recordó que aproximadamente el 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad y señaló que aún existen desafíos importantes en materia de inclusión.
“El día que lleguemos a una identificación clara de quiénes son, dónde están y qué necesitan las personas con discapacidad, habremos dado un gran paso”, expresó el ministro.
En ese sentido, subrayó que el convenio permitirá impulsar acciones de formación dentro de la Policía Nacional, una institución que cuenta con cerca de 39.000 integrantes.
“Si logramos que la Policía sepa cómo atender a una persona con discapacidad, podremos resolver muchos problemas básicos que todavía siguen siendo materia pendiente”, afirmó.
No es acción humanitaria, es un derecho
El titular del Ministerio del Interior insistió en que la atención a las personas con discapacidad no debe entenderse como una ayuda humanitaria, sino como el cumplimiento de un derecho fundamental.
El convenio también busca avanzar en el cumplimiento de la normativa que establece la inclusión laboral de personas con discapacidad en la función pública. Según Riera, la ley fija un mínimo del 5% de funcionarios con discapacidad, una meta que aún está lejos de alcanzarse. “Unas 15.000 personas deberían estar trabajando en el sector público, pero hoy estamos alrededor de 5.000”, remarcó.
Desde la Fundación ONCE para América Latina, su directora general, Estefanía Mirpuri Merino, resaltó que la organización desarrolla programas en 19 países de América Latina, entre ellos Paraguay, donde la institución viene trabajando desde hace más de dos décadas. “En estos años, más de 10.000 personas de Paraguay se han visto favorecidas por acciones que facilitan su acceso al empleo y más de 1.200 estudiantes han podido incorporarse al sistema educativo regular”, contó.
Mirpuri destacó que el acuerdo firmado representa un paso significativo para ampliar la cooperación en el ámbito de la seguridad. “Es el primer convenio que firmamos con el Ministerio del Interior de un país de América Latina y supone una apuesta firme por facilitar condiciones de apoyo para las personas con discapacidad visual”, señaló.
Para las autoridades y los representantes de la fundación, el objetivo final es que las personas con discapacidad desarrollen su autonomía y puedan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida.
