La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) obtuvo un fallo favorable en segunda instancia que obliga a la empresa Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) a desembolsar una cifra multimillonaria por el impago de tarifas actualizadas. El litigio, que se arrastra desde hace casi una década, representa una victoria estratégica para la estatal en su búsqueda por regularizar los ingresos derivados de pliegos tarifarios vigentes para el resto de los usuarios del país.
El análisis de la sentencia confirma que la firma privada se benefició de medidas cautelares que le permitieron abonar montos desfasados, generando una brecha financiera que ahora la justicia ordena resarcir. Este desenlace judicial marca un precedente sobre la potestad del Poder Ejecutivo y la estatal eléctrica para fijar precios de manera uniforme y acorde a su carta orgánica.
El desglose de la deuda y el conflicto por el pliego tarifario
Durante una entrevista pormenorizada para el programa “Espresso Informativo” por La Tribu 650 AM, el Dr. Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, explicó que la sentencia obliga a Clyfsa a pagar 65.000 millones de guaraníes en capital y 91.000 millones en intereses moratorios. El conflicto se originó en 2017, cuando la empresa recurrió a un amparo en los tribunales de Villarrica para evitar la aplicación del nuevo pliego de tarifas aprobado por el Ejecutivo.
“Estamos muy contentos por el desenlace; Clyfsa tiene que pagarnos a la fecha 157.000 millones de guaraníes por una diferencia de tarifa que dejaron de abonar desde marzo de 2017”, detalló el abogado. Medina aclaró que, aunque la contraparte podría recurrir a la Corte Suprema, existen resoluciones coincidentes de dos instancias que respaldan la postura de la estatal.
El perjuicio económico por la criptominería irregular
Al margen del caso Clyfsa, el asesor jurídico reveló el impacto devastador que han tenido las granjas de criptominería ilegales en el patrimonio de la institución. Según estimaciones preliminares, la sustracción de energía eléctrica en grandes proporciones ha generado una pérdida cercana a los 30 millones de dólares en los últimos años, afectando la estabilidad del sistema.
La estatal ha intervenido en aproximadamente 80 casos de sustracción masiva, logrando elevar el rango de estos hechos a la categoría de crimen con penas de hasta 10 años de cárcel. “Con la vigencia de la nueva ley que criminalizó este hecho punible, desaparecieron prácticamente las sustracciones de energía en estas proporciones”, puntualizó el Dr. Nelson Medina sobre el cambio de escenario legal en 2024.
El caso de los hermanos Novais y la apelación judicial
Respecto a procesos específicos de criptominería en el sur del país, Medina se refirió a la causa contra los hermanos Alan y Enrique Novais. El asesor jurídico cuestionó el sobreseimiento definitivo dictado por una jueza de Encarnación, alegando que existen pruebas contundentes de un daño patrimonial de 3.700 millones de guaraníes contra la ANDE.
“Estamos convencidos de que la jueza se equivocó; el tribunal va a revertir esa situación y no tengo dudas de que esa causa será elevada a juicio oral y público”, afirmó el entrevistado. La estatal espera que la justicia de Itapúa actúe con rigor para recuperar los montos evadidos y sancionar a los responsables de las conexiones clandestinas detectadas hace cuatro años.
La gestión de cobro y los procesos judicializados
Actualmente, la ANDE convive con aproximadamente 3.000 procesos judiciales permanentes, de los cuales unos 2.000 corresponden a créditos derivados de la venta de energía. Si bien la mayoría de estos casos involucran montos residenciales pequeños, la asesoría jurídica se enfoca en los grandes consumidores que evaden las normativas tarifarias vigentes.
“La ANDE siempre tiene clara la película y estamos abiertos al diálogo con todos nuestros usuarios para buscar soluciones a estas problemáticas”, concluyó el abogado. La institución aguarda que los fallos queden firmes para iniciar los procedimientos de cobro o establecer planes de pago que permitan reintegrar los fondos al presupuesto operativo de la empresa pública.