En un esfuerzo por frenar los delitos ambientales y proteger el ecosistema acuático, una comitiva interinstitucional procedió a la destrucción de varias represas ilegales tipo trampa construidas sobre los cauces de los ríos Capiibary y Pirapó. El operativo se centró específicamente en el distrito de Buena Vista, departamento de Caazapá.
La intervención fue liderada por la agente fiscal Liza Baeza, titular de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público. El procedimiento contó con el acompañamiento técnico de la Regional Caazapá del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), además de un fuerte despliegue de apoyo policial.
El modus operandi de los furtivos
Según detallaron los intervinientes, las estructuras fueron instaladas por personas innominadas dedicadas a la pesca furtiva. Estas trampas consistían en represas artesanales erigidas con troncos y tacuaras extraídos del mismo entorno natural.
El diseño de las barreras formaba una especie de embudo estratégico: aprovechaban los periodos de crecida del río para permitir el ingreso masivo de los peces, dejándolos atrapados y facilitando su captura ilegal a gran escala.
Impacto ambiental y próximos pasos
Los técnicos del Mades advirtieron que estas prácticas han ocasionado una importante y preocupante disminución de la fauna íctica de la cuenca, alterando el equilibrio natural del cauce hídrico.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía que la construcción de estas represas constituye un delito ambiental penado por la ley. En ese sentido, anunciaron que los controles y operativos conjuntos proseguirán en la zona con el objetivo de identificar a los responsables, proteger los recursos naturales y garantizar la paulatina recuperación de los peces en la región.