En el marco de la agenda de trabajo iniciada el pasado mes de enero, el Ministerio de la Mujer encabezó la segunda reunión interinstitucional orientada a concretar acciones frente a la violencia intrafamiliar. El eje central de esta jornada estuvo puesto en el análisis de los beneficios y las barreras que aún persisten para la implementación efectiva de dispositivos electrónicos como herramienta de protección para las víctimas.
Durante el encuentro, las autoridades consensuaron la urgencia de fortalecer los mecanismos que permitan el uso oportuno de esta tecnología. Asimismo, destacaron la necesidad de garantizar un seguimiento riguroso de las medidas y asegurar una respuesta coordinada entre el sistema judicial y las instituciones responsables de la seguridad y protección.
“Los dispositivos electrónicos constituyen una herramienta clave para la protección de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Seguimos trabajando para fortalecer los mecanismos de coordinación y contribuir a que esta herramienta sea aplicada de manera cada vez más eficaz y oportuna”, señaló la ministra de la Mujer, Alicia Pomata Gunsett, quien presidió la mesa de trabajo.
Un abordaje transversal
La reunión demostró el compromiso conjunto de diversas carteras del Estado, reuniendo a equipos técnicos y altas autoridades del gobierno. Además de la ministra Pomata, el encuentro contó con la participación de:
- Dra. Alicia Pucheta: Representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
- Rafael Caballero: Viceministro de Justicia.
- Walter Gutiérrez: Ministro de la Niñez y la Adolescencia.
- Salma Agüero: Ministra de la Secretaría Nacional de la Juventud.
- Laura Rolón: Ministra asesora de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República.
- Óscar Pereira: Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior.
Acuerdos y próximos pasos
Como resultado principal de la jornada, las autoridades acordaron dar continuidad a una mesa técnica de trabajo. El objetivo de este espacio será identificar mejoras concretas en los procedimientos actuales y fortalecer la coordinación interinstitucional.
Las instituciones coincidieron en que la optimización de esta herramienta tecnológica debe enmarcarse dentro de una estrategia integral, cuyo fin último sea la prevención de la violencia, la protección absoluta de las víctimas y la garantía de un acceso efectivo a la justicia.