La Justicia anuló la resolución que había rechazado la denuncia presentada por ocho funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) contra cuatro hombres, a quienes señalaron por presuntos hechos de violencia, hostigamiento y persecución a través de redes sociales.
La decisión se produjo luego de que la defensa de las denunciantes presentara un recurso de nulidad contra la resolución dictada en primera instancia. Ahora, el caso deberá ser remitido a otro Juzgado de Paz, donde se realizará una nueva audiencia y se deberán cumplir las etapas probatorias que no fueron desarrolladas en el proceso anterior.
“Fue una campaña de hostigamiento”
Ximena López, abogada de las funcionarias, explicó que sus representadas, quienes ocupan cargos técnicos y de dirigencia dentro de la institución, recurrieron a la Justicia al considerar que fueron objeto de una campaña de hostigamiento y violencia digital que se extendió durante aproximadamente 19 meses.
Según la denuncia, durante ese periodo se habrían utilizado perfiles de redes sociales para realizar expresiones de descrédito, gestos y comentarios de contenido sexualizante, además de mensajes que, de acuerdo con las denunciantes, buscaban ridiculizarlas e infantilizarlas por su condición de mujeres.
Las funcionarias solicitaron medidas de protección previstas en la Ley N.º 5777, que establece normas de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
No escucharon a testigos, dice abogada
Entre las diligencias que, según López, quedaron pendientes se encuentra la declaración de testigos y el análisis de informes relacionados con el estado de las denunciantes. También cuestionó que no se haya solicitado a Meta información que pudiera contribuir a identificar a las personas que se encontraban detrás de determinados perfiles utilizados en la campaña denunciada.
“Cualquier persona no puede hacer una diligencia de ese tipo. El Estado tenía que solicitar a Meta”, sostuvo la profesional al explicar uno de los planteamientos realizados ante la Justicia.
La exposición por ocupar cargos públicos
Uno de los puntos cuestionados por la defensa está relacionado con el argumento utilizado en la resolución anulada. Según López, la jueza María Esther Salinas sostuvo que las funcionarias, por ocupar cargos públicos, se encuentran expuestas a este tipo de situaciones y deben soportar las críticas vinculadas con la función que desempeñan.
La abogada señaló que las personas que ejercen funciones públicas pueden estar sometidas al escrutinio y a las críticas de la ciudadanía, pero consideró que existe una diferencia cuando esas expresiones pasan a constituir actos de violencia u hostigamiento.
“No se desconoce el cargo y que están expuestas. Sin embargo, la violencia a través de la ridiculización excede esa carga pública que tiene la crítica que puede ejercerse a quien ejerza la función pública”, sostuvo.
La defensa plantea que el caso puede servir para establecer un criterio sobre los límites entre la crítica a una persona que ocupa un cargo público y una eventual situación de violencia ejercida de manera sostenida mediante plataformas digitales.
El caso vuelve a una nueva etapa
Con la nulidad de la resolución, el procedimiento vuelve a una etapa anterior y deberá ser analizado nuevamente por otro Juzgado de Paz.
López sostuvo que la campaña denunciada no se habría limitado a un episodio puntual, sino que se habría prolongado en el tiempo y cambiado de modalidad.
“Cuando la crítica deja de ser hacia el ejercicio de tu función y se convierte en una herramienta de violencia es que ellas decidieron sentar postura y solicitar mediante esta ley 5777 protección”, afirmó.
Podría haber más involucrados
La defensa también sostiene que podrían existir otras personas involucradas en la administración o utilización de los perfiles desde los cuales se habrían producido los ataques. Por ese motivo, las denunciantes solicitaron que se realicen diligencias ante Meta para determinar quiénes estaban detrás de esas cuentas.
Según la información proporcionada por la abogada, se trataría de perfiles que mantenían características identificables y que habrían sido utilizados de manera reiterada durante el periodo denunciado.
El expediente deberá continuar ahora ante otro Juzgado de Paz, que tendrá a su cargo la nueva audiencia y la producción de las pruebas correspondientes antes de adoptar una nueva decisión sobre las medidas solicitadas por las funcionarias.