El Observatorio del Ministerio Público alertó sobre el incremento de denuncias por violación del deber del cuidado hacia adultos mayores en Paraguay, un hecho que la legislación vigente tipifica como delito y que alcanza principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
El análisis abarca el período 2023 a 2025, en el que se registraron 1.944 denuncias relacionadas con este hecho punible. Según los datos, cerca del 89% de las víctimas son adultos mayores, en su mayoría con enfermedades crónicas o condiciones que les impiden valerse por sí mismos.
El vocero del Ministerio Público, Gunter Krone, explicó que esta obligación es independiente a conflictos familiares previos que se hayan tenido en la familia, y nada cambia la responsabilidad que tiene el hijo ante la ley. “La violación del deber de cuidado es un delito. Un hijo que no asiste a su padre puede ser sancionado penalmente con hasta tres años de pena privativa de libertad”, señaló el vocero de la Fiscalía.
Hijos son los más denunciados
De acuerdo con el informe, los hijos e hijas encabezan la lista de personas denunciadas, seguidos por otros familiares cercanos como hermanos, cónyuges y sobrinos. En muchos casos, las víctimas requieren asistencia permanente para alimentarse, medicarse o movilizarse. “Aunque haya existido abandono por parte de ese padre cuando el hijo era menor, eso no habilita al hijo a desentenderse de un adulto vulnerable”, insistió Gunter Krone.
El artículo 227 del Código Penal paraguayo establece que quien incumpla gravemente el deber de cuidado de personas ancianas o con discapacidad puede ser sancionado con hasta tres años de prisión o multa.
El informe también revela que el 95% de las víctimas de falta del deber de cuidado no puede valerse por sí misma, lo que refuerza la situación de dependencia extrema. Entre las consecuencias más frecuentes que sufren las personas de la tercera edad se citan deterioro físico, psicológico y privación de recursos básicos.
¿Cómo se denuncia el abandono?
Las denuncias de abandono pueden ser realizadas por la propia víctima, vecinos, amigos o incluso por la Policía Nacional y la Defensoría Pública cuando detectan situaciones de abandono o maltrato. Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía inicia una investigación penal para verificar las condiciones del adulto mayor, su estado de salud, nivel de dependencia y la existencia de familiares obligados legalmente a brindar asistencia. El proceso incluye entrevistas, informes médicos y sociales, además de la verificación del entorno familiar. En caso de comprobarse la falta de cuidado, el Ministerio Público puede avanzar hacia una imputación. Muchas de estas causas buscan inicialmente la restitución del cuidado, es decir, que el responsable cumpla con su obligación, antes de llegar a una sanción penal. Sin embargo, cuando el incumplimiento persiste, la conducta deriva en sanciones previstas en el Código Penal.