El debate en torno al ajuste del salario mínimo vuelve a instalarse con fuerza en el país, en un contexto decisivo, pues la fecha límite para enviar la propuesta final de reajuste al Poder Ejecutivo es el 15 de junio.
Trabajadores, especialistas y sectores productivos coinciden en la necesidad de revisar la forma en que se determina su actualización anual. En este sentido, el eje central de la discusión se concentra en el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP) como referencia, y en la posibilidad de avanzar hacia un indicador más cercano a la realidad del consumo de los trabajadores que ganan sueldo mínimo.
El especialista en empleo Enrique López Arce señaló que la determinación del salario mínimo debe abordarse con extrema cautela, debido a su impacto directo en el mercado laboral. Advirtió que una decisión mal calibrada puede generar efectos adversos como el aumento del desempleo o la expansión de la informalidad. En ese sentido, sostuvo que la actualización no solo debe enfocarse en el porcentaje de incremento, sino también en la calidad del indicador utilizado como referencia.
En cuanto a la cifra de incremento, dijo a los empresarios que es insostenible seguir aumentando G. 50.000, sino que el trabajador requiere que el reajuste sea de por lo menos G. 100.000. “Esta suba tampoco le cambiará la vida al trabajador, pero se requiere de un ajuste más acorde a la inflación actual de los productos de consumo”, señaló.
Referencia debe ser más realista
Actualmente, el mecanismo de ajuste se basa en el IPC general elaborado por el Banco Central del Paraguay, el cual contempla una canasta de consumo amplia que incluye bienes y servicios de distintos niveles socioeconómicos, como la compra de pasajes aéreos o vehículos. Sin embargo, distintos especialistas advierten que este índice no refleja de manera precisa la estructura de gasto de los hogares de menores ingresos, que destinan la mayor parte de sus recursos a productos básicos.
Así, se retoma la discusión sobre la necesidad de avanzar hacia un IPC que se base puntualmente en la canasta básica, similar al utilizado en varios países de la región. Este tipo de indicador permitiría una medición más focalizada en bienes esenciales como alimentos, transporte y servicios fundamentales, ajustándose a la realidad del poder adquisitivo de los trabajadores.
Gobierno entiende problemática
López Arce recordó que incluso desde el Gobierno Nacional, el anterior ministro de Finanzas ya había reconocido la necesidad de revisar el esquema vigente. Sin embargo, subrayó que este tipo de cambios requiere análisis técnico, consenso y debe ser una propuesta de ley.
López planteó la necesidad de observar experiencias internacionales, donde el ajuste salarial se complementa con marcos normativos y políticas públicas orientadas a elevar el salario promedio y sostener la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Recordó que en Paraguay predominan las microempresas y actividades de servicios.
El debate también abre la puerta a revisar el rol de las instituciones responsables de definir estos indicadores. Para el analista, cualquier modificación del sistema debería surgir del Poder Ejecutivo, y es esta instancia la que debería definir qué organismo se encargaría de establecer el IPC basado en la canasta básica.
En este escenario, la discusión sobre el próximo ajuste no se limita únicamente al porcentaje de incremento, sino que se extiende hacia una revisión más profunda del sistema de medición que lo sustenta. El desafío consiste en lograr una actualización que preserve el empleo, proteja el poder adquisitivo del trabajador y refleje con mayor precisión la realidad económica de la gente.