Tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez reordena Venezuela con gestos hacia Estados Unidos y purgas internas de figuras como Alex Saab y Raúl Gorrín. El “posmadurismo” impulsa reformas petroleras y electorales para atraer inversión, buscando una mutación pragmática que consolide el poder.
VisualPolitik/LaTribuna. Un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas en una operación que descabezó al núcleo del poder chavista, el tablero venezolano se reordena a gran velocidad. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada el 5 de enero y, desde entonces, su círculo —con su hermano Jorge Rodríguez como operador político central— mezcla gestos de “moderación” hacia Washington con una reconfiguración interna que muchos leen como el inicio de una purga.
El episodio que disparó las especulaciones ocurrió el miércoles 4 de febrero. Distintas versiones señalaron que Alex Saab, empresario colombiano y aliado histórico de Maduro, habría sido detenido nuevamente en Venezuela. Fuentes estadounidenses hablaron de cooperación bilateral y de la posibilidad de una extradición, la defensa de Saab lo negó y no hubo confirmación pública concluyente. Aun así, el mensaje político quedó instalado, la nueva conducción estaría dispuesta a sacrificar figuras de alto perfil para mejorar su posición ante EE.UU.
En el mismo clima circularon reportes sobre una supuesta captura de Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y empresario sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., también sin ratificación oficial. La lógica sería simple: quien pueda convertirse en pasivo frente a Washington —por sanciones, causas judiciales o costo reputacional— queda expuesto, incluso si fue útil durante años.
Cambios militares
La ingeniería de poder no se limita a detenciones. En paralelo, Delcy Rodríguez promovió cerca de 30 sustituciones en el estamento militar, con relevos de generales que comandaban tropas en regiones y cambios en jefaturas de bases aéreas clave. Es un movimiento para asegurar lealtades y cortar posibles puentes con el “madurismo” residual.
En ese contexto aparece Diosdado Cabello, viejo pilar del aparato de seguridad y figura incómoda para cualquier reacomodo. En Washington su nombre es recurrente en investigaciones vinculadas al narcotráfico y, en Caracas, su radio de influencia parece disputado. La designación de Daniela Cabello como ministra de Turismo se interpreta en clave interna. Para unos, un gesto de contención; para otros, un modo de tener a Cabello más controlado.
Hacia afuera, el nuevo relato oficial se apoya en tres vectores. El primero es el viraje retórico: reconciliación, perdón y reparación. El segundo es la liberación gradual de presos políticos. Se estima que hay cerca de 1.000 detenidos por razones políticas. El Gobierno promete liberarlos, pero por ahora libera alrededor de un cuarto y en algunos casos presiona a los detenidos para que abandonen el país.
Hidrocarburos
El tercer vector es el petróleo. En tiempo récord se aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones y reactivar una infraestructura deteriorada. La norma mantiene la prioridad de PDVSA y de empresas mixtas con control estatal, pero introduce ajustes: en esos esquemas la parte privada podría asumir más operaciones; se fija una regalía como máximo del 30% que el Ejecutivo puede reducir por proyecto; y se abre la puerta a mecanismos de arbitraje para resolver disputas, con dudas sobre su alcance real.
A la par, el Ministerio del Interior exhibe operativos antidroga e incautaciones, buscando desmontar la etiqueta de “narco-Estado”. Pero estimaciones citadas por organismos estadounidenses ubican el corredor caribeño —donde Venezuela figura— como una porción menor del flujo de cocaína hacia EE.UU., alrededor del 8% frente a una ruta del Pacífico que concentraría cerca del 74%. El gesto, entonces, funciona más como lavado de imagen que como cambio estructural.
¿Hasta dónde llega el giro? En Washington ya se menciona un horizonte electoral de 18 a 24 meses. En Caracas, Jorge Rodríguez anunció una reforma del Código Electoral para “eliminar trabas burocráticas”, revisando requisitos de registro de partidos y procedimientos del poder electoral. La lectura crítica es que la apertura será administrada: modales con la Casa Blanca, mientras se ponen límites a la oposición y se redibujan reglas para competir con ventaja.
En síntesis, el “posmadurismo” no luce como ruptura sino como mutación: menos épica, más pragmática, con concesiones a Estados Unidos y una purga interna destinada a consolidar poder. Puede traer mejoras parciales, pero el objetivo inmediato parece el de siempre: sobrevivir, reacomodar élites y prolongar el sistema.