El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en Guatemala tras motines carcelarios y ataques de pandillas que mataron a 10 policías. El país enfrenta una crisis por extorsiones desde las prisiones y una lucha política contra la corrupción estatal.
VisualPolitik/LaTribuna. Guatemala atraviesa una guerra abierta por el control del Estado. El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio y otorgó poderes extraordinarios a la Policía Nacional y al Ejército para enfrentar a bandas criminales y redes del crimen organizado. La chispa inmediata fue un episodio coordinado: en un solo día, presos se sublevaron en tres cárceles al mismo tiempo. En Centroamérica, dice la narración, “las casualidades no existen”.
La versión oficial sostiene que los motines fueron una respuesta directa a decisiones del Ministerio de retirar privilegios a cabecillas y no ceder a sus presiones. Traducido: los líderes criminales intentaron frenar cambios que amenazaban un sistema que les permite controlar negocios desde prisión. Las cárceles, en esta lógica, funcionan como centros de operaciones: desde celdas se ordenan asesinatos, se dirige la extorsión y se administran organizaciones completas. El “trabajo remoto” del crimen organizado convertido en rutina.
La reacción del Estado llegó al amanecer del domingo siguiente: policía y ejército ingresaron al Penal de Máxima Seguridad Renovación 1, en Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. La operación se extendió al resto de centros en crisis y, horas después, el gobierno anunció haber recuperado el control de las tres prisiones y liberado a los guardias. Pero la “victoria” tuvo un costo inmediato: 10 agentes de policía murieron ese mismo domingo en ataques de represalia atribuidos principalmente a la pandilla Barrio 18. Esa escalada desembocó en el estado de emergencia nacional con el que el Ejecutivo buscó fijar una línea roja: no retroceder.
El dato político relevante es que la medida fue respaldada incluso por la oposición. El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras, llamó a una “unidad nacional” frente a lo que describió como uno de los momentos más dolorosos y desafiantes de la historia reciente del país. En la lectura del episodio, la pregunta no es solo por qué estalló la violencia, sino por qué ahora.
Arévalo fue electo en el 2023 como un candidato moderado y reformista, presentado como el presidente “más de izquierdas” de la etapa democrática guatemalteca. Llegó con una promesa explícita: combatir la corrupción y enfrentar redes del narcotráfico infiltradas en el Estado. Su triunfo en el 2024 fue descrito como inesperado e incómodo para sectores poderosos, hasta el punto de que —según el relato— estuvo cerca de no poder asumir. Desde entonces, el gobierno convivió con choques institucionales permanentes.
En ese clima, las pandillas aparecen como actores con capacidad de presión estratégica. Barrio 18 —catalogada como organización terrorista por Guatemala y Estados Unidos, al igual que la Mara Salvatrucha— ya había mostrado músculo en julio, tras el traslado de cinco líderes a una prisión de alta seguridad. El gobierno argumentó que esos jefes seguían ordenando ejecuciones, vendiendo drogas y extorsionando desde sus celdas. En octubre, el problema se agravó cuando 20 líderes pandilleros escaparon de otra prisión en medio de acusaciones de complicidad penitenciaria: solo seis fueron recapturados y otro apareció asesinado a tiros. Para el diagnóstico del video, aquello confirmó que el Estado tiene “poros” demasiado grandes.