Miles de seguidores de Nicolás Maduro marcharon en Caracas el 23 de enero para pedir la liberación del mandatario depuesto, mientras Venezuela conmemoraba el 68º aniversario de la caída de la dictadura militar.
VisualPolitik/LaTribuna. Con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el tablero venezolano entró en una fase inédita: Washington busca recomponer su relación con Caracas, reactivar el flujo de petróleo y forzar gestos de apertura política. En esa ecuación, el nombre que aparece como principal obstáculo es Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y, para muchos analistas, el hombre fuerte del aparato represivo.
El giro ha sido presentado por Donald Trump como un “trato” de beneficios rápidos: el crudo venezolano comienza a venderse y el Palacio de Miraflores recibe millones de dólares. A cambio, el chavismo empezó a liberar presos políticos. Ya se reportan más de 140 excarcelaciones, aunque el avance es parcial: según el recuento de Foro Penal, a finales de diciembre permanecían al menos 863 detenidos por motivos políticos. La lentitud alimenta una pregunta incómoda: ¿por qué un gesto simple se vuelve tan costoso?
Una hipótesis gana peso: la disputa interna dentro del oficialismo. El control cotidiano del sistema penitenciario no recaería en las figuras más visibles del Ejecutivo, sino en el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Acerpa (en el cargo desde el 2024 y sancionado por Estados Unidos), considerado cercano a Cabello. Aunque ambos son ministros, se atribuye al titular de Interior influencia sobre la seguridad y, de forma indirecta, lo que ocurre en las cárceles. Bajo esa lógica, las liberaciones se convierten en el primer campo de batalla entre un ala pragmática —asociada a los hermanos Rodríguez— y un ala dura que buscaría conservar cuotas de poder.
El trasfondo es mayor que un listado de liberados. Cabello es descrito como una pieza capaz de mantener el control en las calles o de empujar el país hacia una escalada. Se le atribuye mando sobre los colectivos armados y ascendencia sobre la policía y los servicios de inteligencia, incluido el SEBIN, dirigido formalmente por Alexis Rodríguez Cabello, su primo. Ese poder puede servir para evitar fracturas; también puede amenazar cualquier normalización con Washington.
En Estados Unidos, el cálculo combina presión pública y herramientas judiciales. Se interpreta que ciertos titulares responden a filtraciones para “señalar” a Cabello: un aviso de que está en la diana. Además, la DEA mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por información que permita su captura. En este contexto, la Casa Blanca habría transmitido que el ministro del Interior debe alinearse con el nuevo equilibrio político o enfrentar un destino similar al de Maduro.
El perfil del dirigente explica la desconfianza. Nacido en 1963 en Monagas, oficial del Ejército con rango de capitán, se vinculó a Hugo Chávez en la academia militar y participó en el fallido golpe de 1992, cuando comandó tanques hacia Miraflores. Tras el indulto, se consolidó como operador clave del chavismo y, con los años, cultivó una imagen de mano dura amplificada por su programa televisivo “Con el mazo dando”, donde mezcla propaganda y amenazas. En paralelo, se sostiene que al menos cinco miembros de su familia han sido sancionados por el Tesoro estadounidense; entre ellos, su hermano José David Cabello, su esposa Marleny Contreras y su hija Daniela Cabello, señalada por su papel en el fraude electoral del 2024.
A esa mochila política se suma el frente penal. En marzo del 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, con supuestos nexos con el ELN y disidencias de las FARC para facilitar rutas y proteger cargamentos. También se citan reportes que atribuyen a organismos de seguridad como el SEBIN y la contrainteligencia militar crímenes de lesa humanidad.
La pregunta pasa a ser cómo administrar su peso sin detonar el sistema. Una señal ambigua fue el nombramiento del general Gustavo González López —sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea— al frente de la Guardia de Honor Presidencial y de la contrainteligencia militar: ¿un gesto hacia Cabello o un intento de controlarlo desde dentro? Entre el flujo de petróleo, la liberación de presos y la puja de facciones, el dilema central es político: excluirlo demasiado pronto podría provocar violencia; mantenerlo demasiado tiempo puede bloquear el “nuevo trato” que Washington dice querer consolidar. El desenlace aún es incierto.