El 21 de enero del 2026, en Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a decir que quiere que Groenlandia —territorio autónomo del Reino de Dinamarca— quede bajo “control” estadounidense y sostuvo públicamente que no usará la fuerza. Dinamarca y Groenlandia han rechazado una transferencia de soberanía, pero han sugerido reforzar la cooperación y la presencia de EE.UU. en el Ártico sin “adquirir” la isla.
La Tribuna. Para comprender el debate conviene mirar el inventario histórico. Desde 1783, Washington amplió su territorio con cuatro formatos principales. El primero fue el tratado de límites y cesiones entre Estados, que fijó fronteras con potencias coloniales. El segundo fue la compra o cesión negociada, donde un pago y un tratado habilitaron cambios de mapa: Luisiana (1803), Florida (1819), la compra de La Mesilla o Gadsden (1854), Alaska (1867) y la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca (1917) ilustran el patrón. En conjunto, el Censo de EE.UU. presenta estas incorporaciones como la columna vertebral de la formación territorial del país.
El tercer formato fue la anexión por decisión interna, sin tratado formal: Texas se incorporó en 1845 mediante una resolución conjunta aceptada por la República de Texas, y Hawái fue anexado en 1898 también por resolución conjunta del Congreso. Este mecanismo fue políticamente expedito, pero históricamente polémico por legitimidad y consentimiento local. El cuarto formato fue la cesión tras una guerra: la guerra hispano-estadounidense culminó en el Tratado de París (1898), que transfirió Puerto Rico y Guam a Estados Unidos, y supuso la venta de Filipinas por 20 millones de dólares, abriendo la etapa ultramarina de EE.UU.
Hubo, además, expansión continental por conflicto y tratado. El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) puso fin a la guerra entre EE.UU. y México y, según el Archivo Nacional estadounidense, implicó la cesión de alrededor de 55% del territorio mexicano de entonces, incluyendo áreas que hoy corresponden a varios estados del suroeste de EE.UU.
A la par de la soberanía, Estados Unidos desarrolló un instrumento que hoy resulta más relevante que “comprar países”: el control estratégico sin anexión. En 1856, la Guano Islands Act autorizó a ciudadanos estadounidenses a tomar posesión, en nombre de EE.UU., de islas no reclamadas con depósitos de guano. Ya en el siglo XX se consolidaron arrendamientos y zonas administradas: acuerdos con Cuba en 1903 contemplaron vender o arrendar áreas para estaciones navales (Guantánamo), mientras que el tratado Hay–Bunau-Varilla (1903) creó la Zona del Canal de Panamá bajo control estadounidense, luego reemplazada por acuerdos posteriores.
Ese repertorio ayuda a leer Groenlandia. La presencia militar estadounidense ya existe: la Pituffik Space Base (antes Thule) es la instalación más septentrional del Departamento de Defensa y cumple funciones de alerta de misiles y vigilancia espacial para EE.UU. y la OTAN. Su base jurídica es el Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca. Y el factor político es distinto: antes de la entrada en vigor del autogobierno (2009), Groenlandia celebró un referendo en el 2008 que respaldó ese esquema.
La diferencia decisiva entre el siglo XIX y el 2026 es el marco de legitimidad: la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Por eso, los precedentes de compras, anexiones legislativas o cesiones de guerra sirven para entender el pasado estadounidense, pero no constituyen un manual replicable para el Ártico contemporáneo, donde el consentimiento político y el derecho internacional pesan más que el cheque o la victoria militar. En el 2026, el dilema no es si el Ártico importa, sino qué fórmulas son aceptables para gestionarlo entre aliados.