El jefe militar iraní advirtió el 7 de enero que Irán no se quedará de brazos cruzados ni permitirá ser amenazado por potencias externas, después de que Estados Unidos e Israel respaldaran protestas antigubernamentales.
VisualPolitik/LaTribuna. De una huelga casi anecdótica a un estallido nacional en cuestión de días: así describen observadores la nueva ola de protestas que sacude a Irán desde finales de diciembre. La chispa inicial habría surgido entre comerciantes de un corredor comercial especializado en telefonía móvil y, poco después, saltó al gran bazar de Teherán. Con el correr de las jornadas, el reclamo se amplió: ya no se limita a la inflación o a la figura del líder supremo, sino que cuestiona el diseño completo del sistema.
El trasfondo económico es severo. La moneda local tocó un mínimo histórico: en un solo día el tipo de cambio pasó de 1,38 millones por dólar a 1,42 millones, muy por encima de los 440.000 por dólar que se mencionaban en el 2022. En seis meses, se sostiene que la divisa perdió más de la mitad de su valor, con el Banco Central presionado por sanciones y menores ingresos. A esto se suma una inflación interanual superior al 40% y un encarecimiento de alimentos cercano al 70% en doce meses. En señal de desconfianza, algunos comercios comenzaron a exhibir precios de productos básicos en dólares.
A la crisis de precios se agrega un deterioro cotidiano: cortes de luz, racionamiento de combustible y una sequía extrema que encadena su sexto año. El principal embalse del país habría caído a alrededor del 8% de su capacidad, agravando la escasez de agua y elevando la tensión social más allá de la capital misma.
Las movilizaciones se reportan en más de 108 ciudades —dos tercios del territorio, según estimaciones difundidas por opositores— y adoptan una táctica de dispersión: grupos de 50 a 200 personas para reducir el impacto de la represión. Hasta ahora se contabilizan al menos 36 fallecidos confirmados, 34 de ellos manifestantes y dos miembros de fuerzas del Estado, de acuerdo con una organización de derechos humanos. También se informaron ataques a oficinas de gobernadores, bases de fuerzas leales y sedes institucionales, así como la quema de imágenes de Qasem Soleimani.
La comparación inevitable es con el 2022, cuando la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, detonó manifestaciones en todo el país. En aquel ciclo se registraron más de 550 muertos y alrededor de 20.000 detenidos. Esta vez, pese a que las marchas se describen como más pacíficas, la respuesta estatal incluye fuego real, detenciones y restricciones. Se ordenó el cierre de universidades y centros comerciales, y se reportó una caída del 35% en el tráfico de internet, un patrón ya observado en crisis previas.
En el plano político, el Ejecutivo busca ganar tiempo con un doble discurso: reconoce parte del malestar —salarios bajos e impuestos altos—, pero atribuye el desorden a “enemigos” externos y distingue entre “protesta” y “disturbio”. Hubo además cambios en la cúpula económica: tras la salida del ministro de Economía el año pasado, ahora se sustituyó al presidente del Banco Central.
El factor internacional añade incertidumbre. Declaraciones atribuidas a Washington advierten que, si Irán reprime violentamente a manifestantes pacíficos, Estados Unidos estaría “listo para actuar”. Se mencionan, además, movimientos de aeronaves de transporte estratégico —incluidos siete C-17 con escala en el Reino Unido— que algunos leen como señal de disuasión, en medio de tensiones por el programa nuclear y el impacto regional de la guerra del año pasado.
En ese clima se reportó la detención de la activista Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, y la presencia de consignas como “Ni Gaza ni el Líbano, mi vida por Irán”, que reflejan el hartazgo con el costo externo. Una encuesta citada en el debate público indica que cerca del 60% prioriza asuntos internos y dejar el conflicto con Israel en segundo plano.
En las calles aparece otra novedad: banderas monárquicas del “león y el sol” y consignas que piden el retorno de Reza Pahlavi, heredero del sha depuesto en 1979, quien se ofrece para encabezar una transición hacia una monarquía constitucional. Aun así, dentro de la oposición persiste el escepticismo: muchos rechazan tanto a los ayatolás como a un regreso del pasado, y circulan acusaciones de “falsas banderas” para desacreditar la protesta.
Con una economía que habría crecido apenas 0,5% en el 2025 —frente al 4,5% registrado durante las protestas del 2022— y previsiones sombrías para el 2026, el régimen enfrenta un desgaste acumulativo. La pregunta es si esta ola se disipará bajo represión, como en otras ocasiones, o si la amplitud social, el estrés económico y el contexto geopolítico empujarán al país hacia un punto de inflexión.