El antecedente haitiano lo ilustra. El 7 de julio del 2021, a la una de la madrugada, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia de Puerto Príncipe. Recibió doce disparos. Cuarenta y ocho horas después se conoció la nacionalidad de los ejecutores: eran 26 colombianos. En Colombia, algunos medios los presentaron como “engañados”, pero los implicados terminaron admitiendo que les habían pagado para asesinar.
El patrón volvió a aparecer en la región. El 10 de mayo del 2022, sicarios colombianos mataron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, una isla del Caribe colombiano donde estaba de luna de miel. Y el 9 de agosto del 2023, el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue acribillado en Quito; el caso volvió a exhibir redes con participación de colombianos.
La industria se nutrió del auge de la seguridad privada tras el 11-S. En el 2006 se reportó la contratación de 35 veteranos colombianos para defender bases estadounidenses en Irak; en el 2010, cientos participaron en Afganistán. En el 2011, The New York Times reveló la llegada de veteranos a Abu Dhabi, presentados como “trabajadores de la construcción”, bajo mando operativo de un excoronel colombiano, para integrar una fuerza mercenaria desplegada en Yemen. En el 2015, el mismo diario informó de 450 exsoldados latinoamericanos —en su gran mayoría colombianos— contratados directamente por Emiratos Árabes Unidos; medios colombianos registraron que el 10 de diciembre murieron 15 en Taiz, en un conflicto que dejó más de 10.000 civiles muertos.
Dante Hincapié, oficial retirado, describió batallones que pasaron de ser mixtos a estar compuestos solo por colombianos. Se estima que cerca de 10.000 exmilitares colombianos sirvieron como mercenarios en Medio Oriente durante la última década, principalmente para Emiratos.
Con Ucrania, la oferta se reactivó. Muchos venden lo que tienen para viajar por rutas que pasan por República Dominicana, Bélgica y Polonia, o por España e Italia, hasta llegar a bases como Ternópil, donde son examinados y enviados al 49° Batallón Sich de los Cárpatos o a la Legión Internacional. Se repiten denuncias de xenofobia, malos tratos y promesas incumplidas; en el 2023 circularon videos de reclamos reprimidos con gas lacrimógeno. En Ucrania se han prometido 40.000 dólares por cada tanque enemigo capturado, más pagos adicionales si matan o capturan a un soldado ruso.
La disponibilidad de mano de obra es clave. Tras sesenta años de guerra interna, Colombia mantiene unas Fuerzas Armadas de unos 450.000 efectivos; desde la desmovilización de las FARC a partir del 2017, el pie de fuerza se redujo en unos 50.000. Cada año se jubilan unos 6.000 soldados tras 20 años de servicio, a los 40 años, y otros 10.000 se retiran por falta de ascensos o por ingresos insuficientes. La pensión mensual vitalicia típica no supera 2.600.000 pesos (unos 600 euros). En Haití esperaban 3.000 dólares; en Medio Oriente, hasta 90 dólares al día; en Yemen, entre 2.000 y 3.000 dólares al mes, con bonificaciones de 1.000 dólares semanales para despliegue interno. En Irak, en el 2006, se ofrecieron 7.000 dólares mensuales, pero se pagó 1.000 con obligación de cumplir contrato.
Desde 1947, con el primer acuerdo militar con Washington, Colombia recibe doctrina y entrenamiento. Fue el único país de la región en la Guerra de Corea: casi 5.000 hombres. Para los contratantes, las bajas no cuentan.Detrás está la alianza militar con Washington, reforzada con el Plan Colombia (1999), y la llegada de contratistas como Blackwater, que en el 2009 impulsó una empresa colombiana de reclutamiento. Colombia, al igual que Estados Unidos, no firmó la Convención de la ONU contra el mercenarismo: por eso, ser mercenario no es delito en el país y la Fiscalía no tiene competencia específica. Sin un estatus claro en el derecho internacional humanitario, no se los considera combatientes ni civiles; y, ante abusos o crímenes de guerra, se los trata como responsables a título individual.