José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile con el 58% de los votos. Su plan para el 2026 incluye un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, baja de impuestos corporativos, combate al crimen organizado con fuerzas especiales y la deportación masiva de inmigrantes ilegales.
VisualPolitik/La Tribuna. Chile acaba de vivir un vuelco político. En la segunda vuelta, José Antonio Kast —conservador, católico y padre de nueve hijos— se impuso con más del 58% de los votos y derrotó por más de 16 puntos a Jeannette Jara, militante del Partido Comunista. Con ese resultado, asumirá en marzo del 2026 con una promesa central: recuperar “normalidad” y control.
Su diagnóstico es que el país pasó de ser predecible a convivir con incertidumbre permanente. Dos procesos constitucionales fallidos, reformas anunciadas y luego retiradas y discusiones tributarias sin cierre enviaron señales contradictorias. En esta lectura, así se frenó el “milagro chileno”: tras décadas de expansión desde 1990, la economía se fue apagando, especialmente desde el 2013, cuando el crecimiento promedio habría bajado de ritmos cercanos al 5% a niveles de alrededor del 2%. El estallido social del 2019 y el ciclo político posterior habrían consolidado ese clima de desconfianza.
Por eso Kast plantea una “restauración” más que una revolución. En lo fiscal prometió un ajuste de gasto de aproximadamente 6.000 millones de dólares en 18 meses: algo menos del 2% del PIB y cerca del 6% del presupuesto. El plan se divide en dos tramos: 3.000 millones por vía administrativa y otros 3.000 millones mediante proyectos que deben pasar por el Congreso. En lo administrativo propone revisar programas duplicados, recortar asesorías externas, congelar nuevas contrataciones, fiscalizar fundaciones y transferencias y reducir gasto mal focalizado. Asegura que el recorte no afectará beneficios sensibles como la Pensión Garantizada Universal.
En paralelo, busca reactivar la inversión bajando impuestos y reduciendo trabas. Propuso reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% y habilitar mecanismos para que empresas que generen empleo formal se acerquen a un 20% efectivo. Sumó una medida de alto impacto político: eliminar el impuesto territorial sobre la primera vivienda. En vivienda, reactivó la “Operación Sitio 3.0”, con acceso a sitios de 300 m² y subsidios para compra de terreno, urbanización y construcción, con asistencia a la autoconstrucción. Y en salud, el “Plan 0” apunta a reducir listas de espera derivando pacientes al sector privado con financiamiento estatal.
La otra columna del programa es seguridad. Para los primeros 90 días prepara el “Desafío 90”, liderado por Bernardo Fontaine, con foco en seguridad, inmigración y reforma judicial. La base política es un dato que se volvió símbolo: hoy menos del 40% de los chilenos dice sentirse seguro al caminar de noche. Kast atribuye el deterioro al salto cualitativo de la violencia, a secuestros extorsivos y a la expansión del crimen organizado transnacional.
La respuesta se resume en el “Plan Implacable”: una fuerza especial dedicada a bandas, narcotráfico, secuestros y extorsión; endurecimiento del régimen penitenciario para líderes criminales (aislamiento, bloqueo total de comunicaciones y fin de beneficios automáticos); aumento de penas efectivas y recuperación de control territorial en zonas críticas, en especial del norte. También promete construir cárceles de alta seguridad con módulos separados para crimen organizado y recurrir a las Fuerzas Armadas en tareas acotadas como vigilancia fronteriza y apoyo en zonas críticas, sosteniendo que será un enfoque duro pero institucional.
En inmigración impulsa el “Escudo Fronterizo”, con cierre efectivo de pasos ilegales, tecnología de vigilancia y refuerzo policial y militar. Incluye financiar alrededor de 2.000 vuelos de deportación de personas sin papeles, crear centros de detención, acelerar procedimientos y expulsar prioritariamente a inmigrantes que cometan delitos tras cumplir condena, con agravantes. Incluso propone que deportados o empleadores contribuyan al costo de repatriación.
Kast suma un elemento identitario que dará tensión al debate: se ha declarado admirador de Augusto Pinochet por resultados en economía y seguridad, aunque dice condenar las violaciones de derechos humanos del régimen. Con un Congreso sin mayoría clara, el desafío será convertir promesas en políticas y evitar que tribunales, tratados y negociación parlamentaria frenen la expectativa de orden que lo llevó a La Moneda ahora.