Venezuela enfrenta un 2025 crítico con una inflación proyectada superior al 500% y una devaluación significativa de su moneda. El colapso fiscal se intensifica debido a la venta de crudo con fuertes descuentos y el aumento de costos logísticos bajo la presión de Estados Unidos, que incluye la incautación de buques. Esta situación reduce los ingresos del régimen, afectando la lealtad interna y la economía de Cuba
Visual Politik/La Tribuna. La economía venezolana vuelve a caer en picada. Tras un leve respiro en 2023 y 2024, 2025 se perfila como un año devastador: el FMI estima una inflación superior al 500% y una pérdida cercana al 80% del valor del bolívar. Y el horizonte inmediato no mejora: para 2026 se proyecta una nueva contracción económica y una inflación por encima del 600%. En otras palabras, el país regresa al patrón que lo marcó la última década: recesión, moneda débil y precios fuera de control.
El detonante es tan viejo como determinante: el petróleo. No por falta de reservas —Venezuela declara 304.000 millones de barriles probados—, sino por la forma en que se comercializa y por los márgenes reales que deja. Con precios internacionales más bajos, sanciones y mayor presión de Washington, el crudo venezolano se está vendiendo con descuentos cada vez mayores. Ese castigo se traduce en ingresos fiscales menores, un déficit presupuestario creciente y, como salida inmediata, emisión de bolívares para cubrir compromisos internos. El resultado es mecánico: se acelera la devaluación y se dispara la inflación. El círculo vicioso se reinstala.
En paralelo, se consolida una nueva fase de coerción sobre la logística petrolera. Un episodio lo ilustra: el 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses incautaron en el Caribe un gran petrolero que transportaba 1,8 millones de barriles de crudo venezolano. Más allá del impacto puntual, el mensaje es estratégico: elevar el costo de operar con el crudo sancionado, intimidar a armadores y compradores y empujar a Venezuela a vender todavía más barato para compensar el riesgo.
Esa presión ya produce efectos concretos. Varias navieras están cancelando operaciones, mientras las que permanecen exigen fletes más altos y cláusulas de “riesgo de guerra” que obligan a indemnizaciones si el buque es objetivo de una acción norteamericana. Traducido: cada barril deja menos dinero y, además, es probable que se exporte menos. Es la forma más eficiente de asfixiar al régimen: no hace falta paralizar todo; basta con encarecer el negocio y reducir el margen.
El régimen depende de ese flujo. Se estima que la exportación petrolera le aporta entre 8.000 y 15.000 millones de dólares anuales, cifra crítica para sostener redes clientelares, importaciones y pagos. Por eso la respuesta defensiva no tarda: escoltas navales a los buques, aun con el riesgo de escalada. La lógica del poder se vuelve transparente: si los ingresos se derrumban, se tensiona la lealtad interna. Y si la lealtad se fractura, la cúpula queda expuesta.
En este tablero, el petróleo es arma y botín discursivo. Desde Caracas se acusa a Washington de buscar apropiarse del “oro negro” y esa narrativa encuentra eco regional. Pero el análisis de incentivos sugiere otra cosa: si el objetivo central fuera acceder al crudo, el camino más corto sería un arreglo pragmático, no una campaña de estrangulamiento. Además, Estados Unidos ya no está en la misma posición energética que hace veinte años: la revolución del fracking redujo su dependencia. Aun así, hay un matiz: muchas refinerías del Golfo están diseñadas para crudos pesados, donde el venezolano encaja; pero Canadá también ha incrementado su oferta y puede cubrir parte de esa necesidad. Por tanto, el petróleo importa, pero no explica por sí solo el cuadro.
La pieza de fondo parece geopolítica: control de cadenas de suministro y disputa por influencia en América Latina. Si Venezuela vende gran parte de su crudo con descuentos a China, las sanciones terminan, paradójicamente, abaratando energía para el rival estratégico de Washington. En esa lectura, endurecer el cerco busca reordenar flujos: que la región gravite en torno a la órbita industrial y de seguridad estadounidense y no en torno a Pekín o Moscú. Y, en ese reposicionamiento, Venezuela funciona como caso ejemplar.
Pero el impacto no queda dentro de sus fronteras. Cuba aparece como daño colateral directo: menos petróleo venezolano implica menos energía en La Habana, y además menos divisas, porque parte de ese crudo se revende en Asia para financiar importaciones esenciales. Si se estrecha la principal vía de ingresos de Caracas, se recorta también el oxígeno energético y financiero del aliado más dependiente. La presión sobre un régimen se convierte en presión sobre dos.
¿Puede el petróleo, paradójicamente, ser también la vía de salida? Existe una apuesta: privatizar, otorgar seguridad jurídica y atraer capital externo. Con el reacondicionamiento de pozos, se especula con sumar un millón de barriles diarios en un plazo de 2 a 5 años. Sin embargo, para saltar a otro nivel —por ejemplo, acercarse a 4 millones— se habla de más de 10 años y unos 100.000 millones de dólares. Y eso exige algo que hoy escasea más que el combustible: confianza. A ello se suma un límite técnico-económico: el crudo venezolano es ultrapesado, requiere diluyentes y suele tener costos de producción superiores a alternativas como la producción offshore de Brasil o el auge de Guyana.
En definitiva, Venezuela vuelve al borde por una combinación de factores que se retroalimentan: descuentos crecientes, costos logísticos disparados, menor margen fiscal, emisión monetaria, devaluación e inflación. A eso se le suma un cerco que busca estrangular ingresos sin necesidad de una intervención directa. El desenlace dependerá de cuánto se cierre esa pinza y de si el sistema político aguanta otro shock de caja. Porque cuando un Estado se financia casi exclusivamente con un recurso y ese recurso pasa a valer menos, a rendir menos y a costar más exportarlo, el colapso deja de ser un riesgo: vuelve a ser el escenario base.