“América primero”, como eslogan de la política exterior estadounidense cimentó casi como un dogma el principio de no intervención para realizar cambios democráticos en cualquier otra región del mundo. Sin embargo, aparentemente en la zona del Caribe se registra una excepción y los argumentos de narcotráfico e intereses energéticos parecen velar otras razones.
VisualPolitik/La Tribuna. La política exterior “America First” elevó un dogma: no más cambios de régimen ni guerras ajenas, nada de repetir Irak o Afganistán. Ese principio aparece en la Estrategia de Seguridad Nacional cuando promete “buenas relaciones… sin imponer cambios democráticos ni otros cambios sociales”. La paradoja es que, en el Caribe, la práctica se mueve en dirección contraria: despliegues, bases reactivadas y un debate cada vez menos discreto sobre acciones contra el poder chavista.
Traducido a un marco lógico, petróleo y narcóticos son factores de contexto, no la causa suficiente. Si se buscara ventaja energética, bastarían licencias a compañías; y si se quisiera cortar la logística de drogas “de raíz”, Colombia, México o Ecuador pesan más en esa red que Venezuela. El vector central es político: en Washington se instala la tesis de que Venezuela permite proyectar fuerza, debilitar a socios de Moscú y Pekín y capturar rédito doméstico (incluido el voto hispano).
El cinturón caribeño
La presión se articula como cadena de apoyo. República Dominicana aparece como pivote logístico: uso de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas para reabastecimiento, transporte de equipos, alojamiento técnico y operaciones completas, además de combustible para EE. UU. y socios. A cambio, Santo Domingo busca mitigar el narcotráfico, ganar estatus preferente y asegurar respaldo en el dossier haitiano. El dato duro que da contexto a esa prioridad es el récord migratorio: más de 370.000 haitianos indocumentados deportados en el último año. Desde enero de 2025 se reporta un salto de cooperación con Washington. Internamente, la oposición denuncia que el país se convierte en plataforma de un conflicto ajeno y cuestiona el espíritu constitucional.
Trinidad y Tobago aporta proximidad e inteligencia. Está a 16 kilómetros de Venezuela y ha confirmado marines en el aeropuerto de Tobago, con instalación de radares, ampliación de pistas y mejoras viales estratégicas. Detrás hay economía: el Campo Dragón, gran yacimiento gasífero en aguas venezolanas, quedó en punto muerto tras la suspensión de acuerdos; su desarrollo, previsto con Shell y amparado por una licencia de la OFAC que exime sanciones para explotar gas venezolano, sería un impulso clave para una economía dependiente del gas.
Guyana completa el triángulo con narrativa y petróleo. La disputa por el Esequibo se cruza con la explotación liderada por ExxonMobil y Chevron. Con poco más de 800.000 habitantes, ya produce más de un barril de petróleo por persona y día y proyecta duplicarlo, mientras describe a Venezuela como foco de contagio criminal. En paralelo, Washington gana profundidad con territorios propios: Puerto Rico reactivó Roosevelt Roads (cerrada en 2004) y se han observado movimientos de aeronaves como CH-53 Super Stallion y MV-22 Osprey; en las Islas Vírgenes estadounidenses también se han visto aviones militares.
La cautela continental
En tierra firme domina la “neutralidad creativa”: no defender a Maduro, pero evitar un incendio fronterizo. Colombia, con más de 2.200 kilómetros de frontera y millones de migrantes venezolanos, rechaza una invasión y promueve una transición pactada. Brasil, con Lula, insiste en una Sudamérica sin intervenciones; congeló vínculos tras las cuestionadas elecciones venezolanas de 2024 y ofrece mediación. México repite el principio de no intervención y, con cerca del 80% de sus exportaciones dirigidas a EE. UU., evita chocar con Washington. En el resto de la región, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Chile y El Salvador repudian al régimen; el apoyo activo a Caracas se reduce, en la zona, prácticamente a Cuba.
Qué mirar
Si la escalada avanza, el Caribe funcionará como retaguardia logística e inteligencia; si se congela, el cinturón seguirá operando como disuasión. Indicadores: ampliación visible de despliegues en Roosevelt Roads y Tobago, anuncios sobre licencias energéticas, coordinación pública con socios caribeños y señales de fractura dentro del poder en Caracas. La clave no es sólo cuántos medios se concentran, sino qué coalición se consolida. Si el cinturón caribeño se robustece, la “línea roja” de no intervenir deja de ser dogma y se convierte en una excepción calculada, con costos repartidos entre Washington y sus apoyos locales hoy mismo