El nuevo gobierno boliviano denunció corrupción y negociados con combustibles durante las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS). El titular de Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia estima un perjuicio de USD 1.000 millones.
La Paz, Bolivia, (AFP). El nuevo gobierno boliviano de centroderecha denunció ayer martes desvíos multimillonarios de combustibles bajo las pasadas administraciones de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS), que impactaron al país incluso en la reciente crisis por escasez de carburantes.
Bolivia compra en el exterior diésel y gasolina para distribuirlos en el mercado interno a precio subsidiado. Los precios están congelados desde hace 20 años, cuando la izquierda asumió el poder por primera vez. A raíz de eso, se disparó el contrabando en las fronteras.
Desde el 2023, esa política de subvención ha vaciado las reservas de divisas, propiciando un abastecimiento muy irregular de gasolina y diésel y disparando el costo de vida para los bolivianos.
Los desvíos eran en “todos los formatos, compraventa, reventa (...) manipulación de cisternas”, dijo este martes Yussef Akly, presidente de la estatal YPFB, a la televisora Unitel.
Esas prácticas comprometían “el 25% de todo el volumen que se recibe y se comercializa”, afirmó Akly, en el marco de las auditorías dispuestas por el Ejecutivo ante la red de corrupción que asegura que habría montado el MAS.
“Estamos hablando de 800 a 1.000 millones de dólares que impactan a nivel país en cuanto a las cuentas del Estado por año”, afirmó, sin precisar el período de tiempo.
Desde que asumió el poder el pasado 8 de noviembre, el gobierno de Rodrigo Paz denunció que encontró “un sistema de corrupción” en las instituciones públicas dedicado al “robo de combustibles”.
El mandatario prometió un recorte a los subsidios a los carburantes, aún sin concretar.
El mes pasado conformó una “comisión de la verdad” para investigar posibles delitos en el sector hidrocarburos, cometidos durante la era socialista de Bolivia que duró casi 20 años, iniciada por Evo Morales (2006-2019) y seguida por Luis Arce (2020-2025).
El lunes y martes la Fiscalía allanó las oficinas de YPFB y la ANH en el marco de investigaciones por presunta corrupción.
Paz ha señalado que durante sus primeros días de gobierno ha encontrado el aparato estatal convertido en “una cloaca de dimensiones extraordinarias”.