El Gobierno de Javier Milei enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que endurece penas y busca asegurar que las condenas se cumplan de manera efectiva.
La saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —que deja el cargo para asumir como senadora el 10 de diciembre— explicó que la iniciativa pretende “dar vuelta la realidad de quienes eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos”.
El proyecto contempla penas más duras para delitos graves como homicidios agravados, narcotráfico, robo, trata de personas, corrupción y delitos sexuales. También incorpora nuevas figuras, entre ellas la “conducción imprudente”. Según Bullrich, “las perpetuas no van a tener un límite temporal” y “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.
La Casa Rosada indicó en un comunicado que el texto será remitido al Parlamento tras la renovación parcial de bancas del 10 de diciembre, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos y amplió su representación.
Bullrich señaló que otro objetivo clave es “que la justicia llegue a tiempo” y que la sociedad no perciba las condenas como “insuficientes”. A partir de este martes será reemplazada en Seguridad por Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional.
La reforma también apunta a “robustecer” el concepto de legítima defensa, con una presunción a favor de quien se defiende. Además, establece agravantes cuando la víctima de homicidio sea un menor de 16 años o un mayor de 65.
El Gobierno propone que ciertos delitos especialmente graves dejen de prescribir: homicidios agravados, delitos sexuales, corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados contra el orden constitucional y el sistema democrático, terrorismo y narcotráfico, entre otros.
En su exposición, Bullrich no se refirió a la anunciada baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, uno de los puntos más polémicos. Hoy en Argentina no se puede imputar a menores de 16 años, mientras que los adolescentes de 16 a 18 son punibles solo si el delito tiene una pena superior a dos años de prisión.