Latinoamérica vive una nueva sacudida política. En pocos años, varios países han girado con fuerza hacia opciones conservadoras o abiertamente de derecha. Argentina lo hizo con Javier Milei y Bolivia puso fin a décadas de hegemonía socialista. En este escenario, el nuevo epicentro es Chile, el antiguo “modelo” de la región, hoy símbolo del cansancio con las promesas progresistas y de la inquietud por la inseguridad y la inmigración.
Visual Politik/La Tribuna. Con cerca de 20 millones de habitantes y uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, Chile fue durante décadas sinónimo de estabilidad y crecimiento. Pero el estallido social del 2019 cambió el guión: protestas masivas, estaciones de metro destruidas y un clima de polarización abrieron una batalla directa contra la Constitución heredada de Augusto Pinochet.
En el 2020, casi el 80% de los votantes aprobó redactar una nueva Carta Magna, pero el proceso terminó en frustración. El primer texto, impulsado por una convención dominada por fuerzas de izquierda, fue rechazado en el 2022. El segundo, más conservador, cayó en 2023. La mayoría dejó claro que no quería una Constitución de izquierda ni de derecha, sino soluciones concretas a problemas urgentes.
Mientras la política discutía comisiones y artículos, la vida diaria se fue complicando. El crecimiento se frenó hasta alrededor del 1,5% anual, el coste de la vida subió y se consolidó una amplia “clase media vulnerable”, con pensiones bajas y servicios de salud y educación caros.
A eso se sumó un deterioro acelerado de la seguridad. Aunque Chile sigue entre los países más seguros de la región, la tasa de homicidios casi se triplicó en menos de una década y crecieron delitos poco frecuentes, como secuestros y extorsiones. Para una sociedad que se veía a sí misma como la “Suiza con playa” de América Latina, el cambio fue un golpe psicológico que colocó a la delincuencia como preocupación número uno.
En paralelo, el país pasó de exportar a recibir migrantes. Desde mediados de la década pasada, las llegadas se dispararon, sobre todo desde Venezuela, y una parte importante se instaló sin estatus legal. La presión sobre servicios públicos y la irrupción de mafias transnacionales como el Tren de Aragua reforzaron la idea de que inmigración y crimen iban de la mano.
Los datos oficiales matizan esa percepción —en proporción, los extranjeros delinquen menos que los chilenos—, pero las sensaciones pesan más que las estadísticas. Encuestas recientes muestran que casi dos de cada tres ciudadanos consideran la delincuencia el principal problema del país y que la inmigración ocupa el segundo lugar. Una mayoría cree que la llegada masiva de extranjeros ha empeorado la seguridad, aunque muchos no hayan tenido conflictos directos con ellos.
En este contexto de frustración económica, temor al crimen y descrédito del establishment tras el doble fracaso constitucional, el terreno quedó listo para una derecha dura. Quien mejor supo ocupar ese espacio fue José Antonio Kast, abogado de 59 años, que llega a su tercera candidatura presidencial con opciones reales de instalarse en La Moneda.
Kast fue de los pocos dirigentes que se opuso desde el inicio al proceso constituyente. Mientras gran parte de la clase política veía en una nueva Constitución una válvula de escape, él sostuvo que los problemas de Chile no estaban en el texto, sino en la falta de orden y servicios básicos. El rechazo consecutivo de las dos propuestas reforzó ese relato y lo presentó ante muchos votantes como el político que “advirtió” a tiempo.
Su campaña se apoya en tres palabras: delincuencia, inmigración y orden. Promete una guerra frontal al crimen organizado, un “escudo fronterizo” en el norte con zanjas, muros, drones y sensores, expulsiones rápidas para los inmigrantes irregulares y políticas de “tolerancia cero” frente a bandas locales y extranjeras. Sus partidarios ven en él la oportunidad de recuperar la autoridad del Estado; sus críticos temen vulneraciones de derechos y soluciones vistosas pero difíciles de aplicar.
Más allá de la figura de Kast, el giro chileno se inscribe en una ola regional en la que los discursos de mano dura y las identidades conservadoras ganan atractivo tras una década de avances de la izquierda con resultados dispares. Chile, durante años alumno aplicado del manual liberal y progresista, entra en una etapa nueva e incierta. Si este viraje se convertirá en un cambio profundo y duradero o será solo una reacción al desencanto es todavía una incógnita.