Barbara Wojazer
Kiev, Ucrania (AFP). En las últimas horas, la ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, y el titular de Justicia, German Galushchenko, presentaron su dimisión, luego de que el mandatario pidiera sus renuncias. Galushchenko —quien fue ministro de Energía antes de pasar a Justicia— ya estaba suspendido por sospechas de corrupción. Niega los cargos, vinculados a una supuesta trama de comisiones por 100 millones de dólares en la empresa energética nacional.
El caso salpica a un aliado cercano de Zelenski, Timur Mindich, copropietario de la productora audiovisual fundada por el presidente. La indignación pública crece en medio de los bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica y de avances del ejército ruso en el este del país, un contexto que vuelve más delicada cualquier percepción de captura del Estado o uso político de la justicia.
Las acusaciones de “lawfare” se intensificaron tras el arresto en octubre de Volodimir Kudritski, exjefe de la operadora de red Ukrenergo, imputado por malversación. Él lo niega y afirma ser un chivo expiatorio por criticar la estrategia de defensa de la red ante los ataques rusos. “Es puramente político. No podría haber sucedido sin la participación de la oficina presidencial” dijo a AFP. Hoy está en libertad bajo fianza.
Kudritski recibió respaldos inusuales. Roman Waschuk, defensor del pueblo para asuntos empresariales, calificó las pruebas de “endebles” y advirtió contra la persecución de ejecutivos por ejercer funciones corporativas. Desde la oposición, la diputada Inna Sovsun habló de un patrón para silenciar con expedientes penales: “Sabes que hay un caso en tu contra y lo usarán si haces algo que no les gusta”. Consultado por AFP, Zelenski respondió que el asunto compete a los jueces, pero recordó que Ukrenergo debía garantizar el suministro en guerra.
A la tensión judicial se suma el impacto político del caso Mindich, que reaviva temores sobre la centralización del poder. En julio, Zelenski impulsó en el Parlamento un proyecto que reducía la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) y de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU). La iniciativa fue retirada tras un aluvión de críticas y las primeras protestas relevantes desde el inicio de la guerra.
El momento es espinoso también para Bruselas. La Unión Europea mantiene su apoyo a la candidatura ucraniana pero exige reformas democráticas y anticorrupción verificables. Ucrania arrastra un historial de escándalos desde la caída soviética, flanco débil de su aspiración europea. Activistas anticorrupción señalan que la respuesta del gobierno a esta ola de denuncias será observada con lupa.
Otros episodios alimentan la controversia. El predecesor y rival político de Zelenski, Petro Poroshenko, fue acusado de corrupción este año, cargo que tilda de persecución. El alcalde de Odesa, Gennadiy Trukhanov, fue despojado de su ciudadanía ucraniana tras ser acusado de portar pasaporte ruso, algo que rechaza. Y un detective de la NABU, Ruslan Magamedrasulov, fue detenido por supuestamente “ayudar a un Estado agresor” a través de negocios con Rusia. Sus partidarios aseguran que es una represalia por investigar el escándalo que alcanzó a Mindich.
Para organizaciones civiles como el Centro de Acción Anticorrupción, la disyuntiva es clara: Zelenski debe elegir entre “proteger a su círculo más cercano” o permitir que las pesquisas avancen sin interferencias, advirtió su directora, Daria Kaleniuk. En plena guerra y con el sistema energético bajo asedio, el Gobierno enfrenta un doble examen: sostener la resistencia militar y, a la vez, confirmar ante su población y sus aliados que la lucha contra la corrupción y el respeto a la independencia judicial no se suspenden por la emergencia. La forma en que cierre esta crisis podría definir no solo su estabilidad política, sino también el ritmo del anclaje europeo de Ucrania.