La Fiscalía de Milán abrió una investigación que revive uno de los capítulos más oscuros del asedio de Sarajevo (1992-1996): los llamados “safaris humanos”, viajes de fin de semana en los que presuntos turistas de guerra, en su mayoría italianos vinculados a círculos de extrema derecha y aficionados a las armas, habrían pagado sumas elevadas para disparar contra civiles desde las colinas y azoteas que dominaban la ciudad. La hipótesis fiscal habla de homicidio voluntario con las agravantes de crueldad y motivos abyectos, y se apoya en nuevos testimonios y documentos.
El caso, impulsado por una denuncia del escritor y periodista Ezio Gavazzeni —respaldado por el exmagistrado Guido Salvini y por la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic—, retoma rumores persistentes que cobraron fuerza tras el documental “Sarajevo safari” (2023), del cineasta esloveno Miran Zupanic. Aquella obra reunió voces que describían a millonarios extranjeros “invitados” a practicar tiro contra población indefensa, un relato que ahora la justicia italiana pretende someter a prueba con criterios penales.
Según las primeras líneas de investigación, los supuestos tiradores habrían viajado con frecuencia desde Trieste a Belgrado en vuelos de la compañía serbia Aviogenex, para luego ser trasladados hasta posiciones serbobosnias alrededor de Sarajevo. Las cantidades presuntamente abonadas oscilaban —a valores actuales— entre 80.000 y 100.000 euros por fin de semana. Testigos afirman que existía incluso una “lista de precios” infame, con recargos por crímenes especialmente atroces, como disparar contra niños.
El fiscal Alessandro Gobbis ha identificado a posibles testigos en Italia y en los Balcanes. Entre ellos figuran un exagente de inteligencia bosnio que asegura haber advertido en 1993 sobre la presencia de al menos cinco italianos en las colinas que cercaban la ciudad, así como un antiguo oficial esloveno herido por francotiradores y un bombero estadounidense, John Jordan, voluntario en Sarajevo, quien ya en el juicio contra Slobodan Milosevic habló de “tiradores turísticos” con armas y atuendos que no correspondían al frente local.
La denuncia sostiene que los servicios de inteligencia italianos —presentes entonces en Sarajevo— habrían recibido información sobre estas prácticas y que existirían archivos clasificados al respecto. Un testigo describe haber conocido el fenómeno por documentos del servicio de seguridad militar bosnio, incluidos interrogatorios a combatientes serbios capturados que mencionaban la llegada de extranjeros “acompañados de la mano” hasta posiciones de disparo. Entre los nombres que aparecen en relatos y pesquisas figura el del oficial serbio Jovica Stanisic, condenado por crímenes de guerra, a quien se vincula con la logística de estos viajes.
El mosaico probatorio es, por ahora, eminentemente testimonial y de difícil verificación. Bosnia y Herzegovina sigue siendo un país marcado por divisiones étnicas y políticas que dificultan la cooperación judicial. De hecho, una pesquisa previa en Sarajevo fue archivada por la imposibilidad de documentar exhaustivamente hechos ocurridos en un teatro bélico hace tres décadas. Para la Justicia serbia, se trata de una “leyenda urbana”. La pesquisa italiana busca romper ese cerco de negaciones y silencios con nuevas citaciones y cruces de información.
Más allá de la controversia, el contexto es inequívoco: durante los casi cuatro años de sitio, francotiradores apostados en la llamada “avenida de los francotiradores” y otras posiciones abrieron fuego contra civiles obligados a cruzar calles expuestas. Organismos internacionales y memoriales locales cifran en más de 11.000 los civiles asesinados en Sarajevo durante la guerra, un recordatorio de la sistematicidad del terror. Si se probara que hubo “turismo de la barbarie”, el expediente milanés añadiría una dimensión de sadismo rentado a ese catálogo de atrocidades.
Las personas bajo sospecha residen, según medios italianos, en regiones como Lombardía, Piamonte y el Triveneto. Entre ellas se mencionan empresarios y profesionales con vidas respetables tras las que se escondía, presuntamente, la participación en cacerías humanas a orillas del Miljacka. “Gente con dinero que pagaba por matar civiles desarmados y volvía a su rutina como si nada”, resume Gavazzeni. La Fiscalía confía en que el desfile de testimonios permita, al menos, identificar a algunos responsables y reconstruir la cadena de organización.
El caso vuelve a colocar a Italia ante la responsabilidad de investigar crímenes cometidos por sus ciudadanos fuera del territorio nacional, una senda compleja que exige cooperación internacional y paciencia procesal. También interpela a Europa: mientras Bosnia ardía en limpiezas étnicas, hubo quienes, desde la comodidad de aeropuertos y cuentas bancarias, habrían cruzado la frontera para convertir el horror en espectáculo. Que la verdad judicial alcance a estos hechos —y, de ser el caso, las condenas— es un imperativo para las víctimas y para la memoria de Sarajevo.
