Donald Trump inició un nuevo incendio diplomático al llamar “matón” a Gustavo Petro y acompañar sus palabras con gestos de fuerza: reforzó el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe y avaló ataques contra embarcaciones señaladas por narcotráfico. Las fricciones se tradujeron también en decisiones políticas: Washington retiró a Colombia de su lista de socios clave en la lucha antidrogas por primera vez desde 1997, revocó la visa del presidente colombiano y lo incluyó —junto a su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior— en la llamada “Lista Clinton”, lo que bloquea activos en EE. UU. y prohíbe hacer negocios con ciudadanos y empresas estadounidenses.
¿Por qué ahora? Porque el mapa global de las drogas cambió. Mientras el fentanilo parece haber tocado techo en Estados Unidos, la cocaína vive un auge: 25 millones de consumidores en 2023 y un aumento de la producción del 34 % interanual. Europa registra más muertes asociadas al consumo —en Francia habrían crecido 50 % entre 2020 y 2023— y Colombia sigue en el centro de la oferta con unas 250.000 hectáreas de coca y redes criminales más sofisticadas: del “Clan del Golfo” a los “narcomineros”, con semisubmarinos capaces de alcanzar rutas tan lejanas como Australia.
El contexto histórico importa. El Plan Colombia, lanzado en 2000, inyectó unos 14.000 millones de dólares en asistencia militar, inteligencia y fumigaciones; durante años, la producción cayó cerca de 70 %. Pero la presión social y ambiental llevó a suspender las aspersiones en 2012; para 2015, con Washington mirando a otros frentes, el cultivo repuntó. Los narcos mejoraron productividad (de 18 a 25 gramos del principio activo por fardo, según el podcast) y diversificaron negocios.
¿Qué hace hoy el gobierno? Petro reivindica incautaciones récord y su apuesta por la “paz total”: negociaciones socio-jurídicas para sacar población de la economía ilícita con el menor uso de la fuerza posible. Además, sostiene que la “guerra a las drogas” fracasó y propone debatir la legalización de la cocaína —“que se venda como el vino”— para restarle poder a las mafias. Sus críticos replican que, con producción en máximos, las incautaciones no bastan y que el Estado cede terreno en zonas como el Cauca; para Washington, su enfoque se parece demasiado al “abrazos, no balazos” mexicano.
La pieza señala un segundo eje de tensión: Venezuela. Aunque Bogotá no reconoce formalmente a Nicolás Maduro, Petro es hoy su interlocutor más activo en la región. Ambos anunciaron “zonas binacionales” en la frontera, precisamente donde se concentra buena parte del cultivo que cruza hacia el lado venezolano. Para Trump y sus aliados, acusar al chavismo de amparar una red narco y, a la vez, ver a Colombia abrir áreas económicas conjuntas “huele a autopista del crimen” más que a polo de desarrollo. Petro, en cambio, lo presenta como oportunidad para pacificar economías fronterizas.
El choque tiene derivadas económicas. EE. UU. compra cerca del 30 % de las exportaciones colombianas —unos 14.000 millones de dólares al año, según el podcast— y transfirió alrededor de 400 millones en ayuda reciente. Si prosperara un arancel del 25 % al comercio bilateral, el golpe a empleo y divisas sería fuerte en un país donde el negocio de la cocaína representaría más del 4,2 % del PIB. Cortar la cooperación dañaría también a Washington: aproximadamente el 80 % de la inteligencia procesable para interdicciones en el Caribe provendría de fuerzas colombianas.
A la brecha de modelos se suma la retórica. El podcast recuerda que Petro llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes en medio de protestas por Gaza, habló de un TLC “suspendido de facto” —luego desmentido por el empresariado— y advirtió que “muchos” colombianos podrían volver a la montaña ante una eventual incursión terrestre. Del otro lado, Trump ha ordenado “fuego a las narcolanchas”, táctica cuestionada incluso por senadores republicanos, y ha multiplicado los insultos personales.
¿Salida posible? El propio análisis sugiere un “Plan Colombia 2.0”: reconstruir confianza, blindar el intercambio de inteligencia, combinar sustitución de cultivos, crédito y obras rurales con seguridad focalizada y cooperación judicial, y poner reglas estrictas a cualquier apertura económico-fronteriza con Venezuela. Lo contrario —insultos presidenciales, abrazos retóricos y misilazos a distancia— solo reforzará a quienes viven del negocio.
Con las elecciones colombianas de 2026 en el horizonte y un clima hemisférico volátil, la relación bilateral entra en su momento más frágil en tres décadas. Washington necesita a Bogotá para cortar rutas; Colombia necesita a su principal socio comercial para estabilizar su economía. Entre sanciones, zonas binacionales y discursos al límite, el Caribe vuelve a ser tablero mayor. La gran incógnita es si prevalecerá la política pública o la política de gestos.
Foto: Esta combinación de imágenes, creada el 29 de septiembre de 2025, muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, gesticulando durante la promulgación de la nueva ley laboral en el museo Quinta de Bolívar, en Bogotá, el 25 de junio de 2025, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciando un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
