Uruguay vivió ayer miércoles una jornada bisagra: el Senado debatió —con mayoría progresista— la “Ley de muerte digna”, que despenaliza la eutanasia y convertiría al país en el primero de América Latina en regularla por vía legislativa. La iniciativa llega al plenario tras obtener media sanción en Diputados en agosto (64 votos a favor y 29 en contra), y se apoya en un consenso social amplio que, según la consultora Cifra, alcanza al 62% de la población.
El impulso político del 2025 reanudó un debate que comenzó años atrás y que se hizo carne en historias como la de Pablo Salgueiro, profesor de arte diagnosticado con ELA en el 2017. Su hija Florencia recuerda que, al no encontrar respuestas en la medicina, exploró terapias alternativas; cuando pidió acceder a una muerte asistida, le respondieron que era ilegal. Murió el 19 de marzo del 2020, pocos días después del ingreso del primer proyecto. Ese duelo personal —y el de otras familias— se transformó en militancia a través del colectivo Empatía para que “se escuchen las voces de los pacientes y de los familiares”.
El texto que se vota hoy fija condiciones estrictas. Podrá acogerse cualquier persona mayor de edad, “psíquicamente apta”, uruguaya o residente, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de esa enfermedad, padezca sufrimientos que considere insoportables y experimente un grave deterioro de su calidad de vida. La solicitud debe tramitarse por escrito y en persona ante el médico tratante, quien informa alternativas terapéuticas y verifica requisitos (hasta tres días). Un segundo médico independiente debe coincidir (cinco días) y, ante discrepancias, interviene una junta médica (cinco días). En una segunda entrevista, el paciente expresa su última voluntad —revocable— ante dos testigos, y el médico procederá cuándo y dónde el solicitante lo decida. Todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán asegurar los servicios necesarios para ejercer el derecho.
Para el diputado y neurólogo Federico Preve (FA) se trata de un proyecto “potente, profundo y sensato”. Potente, porque reconoce un derecho humano a morir con dignidad; profundo, por abarcar diversas circunstancias de sufrimiento extremo; y sensato, por apoyarse en garantías ensayadas durante décadas en países como Países Bajos y España. La clave, subraya, es desplazar el eje de la decisión hacia la autonomía del paciente, manteniendo el control clínico y los contrapesos institucionales.
El debate, sin embargo, divide a bloques políticos y a la sociedad civil. En filas del Partido Nacional y del Partido Colorado conviven posturas a favor y en contra; incluso referentes como la senadora blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda adelantaron su voto positivo, mientras otros objetan timing y redacción del texto. La sesión de hoy encuentra en las barras a Beatriz Gelós, docente de 71 años con ELA desde hace 19, cuya voz —“más sufrimiento, no”— conmovió a Diputados y simboliza el reclamo de quienes buscan una salida legal y compasiva.
Del otro lado, organizaciones como Prudencia Uruguay y la Iglesia Católica cuestionan que el proyecto no garantice evaluaciones psicosociales previas y advierten sobre eventuales riesgos para los más vulnerables, pidiendo fortalecer antes el acceso efectivo a cuidados paliativos. Los obispos ya habían expresado su “tristeza” tras la media sanción de agosto, y el colectivo Prudenciauy insiste en que “no hay garantías suficientes” y que la norma “es regresiva”. Los críticos en el Senado suman reparos jurídicos y de oportunidad política, aludiendo a la reciente reglamentación de la ley de cuidados paliativos.
En el plano comparado, Uruguay se diferenciaría de Colombia y Ecuador —donde la eutanasia se despenalizó por fallos constitucionales— al convertirse en el primer país latinoamericano en consagrarla mediante una ley votada en el Parlamento. El diseño de garantías, con doble evaluación médica, posibilidad de junta y registro de la última voluntad, busca evitar burocratización y dar certidumbre clínica y legal. Los defensores sostienen que no se “obliga a nadie”: quien quiera ampararse en el derecho, podrá hacerlo; quien no, no.
Más allá del resultado, el proceso uruguayo revalida una forma de deliberación que cruza historias personales, evidencia sanitaria y convicciones éticas. Si la norma se aprueba, el Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentarla; si no, el debate habrá trazado un mapa nítido de preguntas que la región apenas empieza a discutir: ¿cómo asegurar la autonomía cuando la enfermedad estrecha los márgenes de la vida? ¿cómo blindar a los vulnerables mientras se reconoce el derecho a elegir? Uruguay, fiel a su tradición de reformas laicas y progresivas, vuelve a interpelar a América Latina sobre el modo de cuidar —también— el final de la vida.