El Reino Unido se encamina hacia un cambio de paradigma en su política migratoria y administrativa con el anuncio del primer ministro Keir Starmer de introducir un sistema obligatorio de identificación digital para todos los ciudadanos y residentes. La medida, que deberá estar en marcha antes del final de la legislatura, busca principalmente dificultar el trabajo ilegal y reforzar la seguridad en las fronteras, aunque también abre un intenso debate político y social en un país que nunca ha contado con un documento de identidad obligatorio.
“Será más difícil trabajar de manera ilegal en este país, lo que hará nuestras fronteras más seguras”, aseguró Starmer al presentar el proyecto. El mandatario, presionado por el crecimiento del partido Reform UK de Nigel Farage y por la constante preocupación ciudadana sobre la migración irregular, sostuvo que el nuevo sistema es una “enorme oportunidad” para garantizar un acceso más rápido a servicios y trámites para quienes poseen estatus legal.
Cómo funcionará la nueva identificación
La identificación digital se almacenará en dispositivos móviles mediante una aplicación similar a las tarjetas bancarias digitales o a la app del NHS. Incluirá información sobre nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía y situación de residencia. Servirá inicialmente para verificar el derecho al trabajo, pero el gobierno proyecta que en el mediano plazo pueda utilizarse también en trámites sociales, guarderías, permisos de conducir o servicios de salud.
La decisión implica derribar un tabú histórico: en Gran Bretaña no existen las cédulas de identidad y menos de la mitad de la población cuenta con pasaporte. Hasta ahora, la oposición social a un documento obligatorio había impedido a distintos gobiernos avanzar en ese camino.
Reacciones y críticas
La medida ha provocado un amplio abanico de reacciones. Desde el Partido Conservador, la diputada Kemi Badenoch calificó la propuesta como un “truco desesperado” para distraer la atención de la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha. Reform UK fue más duro: un portavoz aseguró que “es ridículo pensar que quienes ya incumplen las leyes migratorias vayan a respetar este sistema”, insistiendo en que el trabajo ilegal seguirá prosperando gracias a los pagos en efectivo.
En Irlanda del Norte, la primera ministra Michelle O’Neill, de Sinn Féin, tachó la idea de “absurda y mal concebida”, recordando la carga simbólica que los documentos de identidad tienen en una región donde gran parte de la población utiliza pasaporte irlandés.
Pese a las críticas, encuestas de Ipsos y YouGov muestran que una mayoría de británicos apoya el establecimiento de algún tipo de tarjeta de identidad, principalmente por su conveniencia. Según un sondeo de julio, el 57 % de los consultados respaldaba la propuesta, aunque tres de cada diez manifestaron temores por la protección de datos personales, la posible venta de información a empresas privadas y fallos de seguridad.
Para el Ejecutivo laborista, la identificación digital es una herramienta “práctica y segura” que ya se aplica en otros países con buenos resultados. Según Starmer, permitirá combatir con mayor eficacia el trabajo en negro, que domina amplios sectores de la economía y actúa como imán para miles de migrantes que cruzan cada año el canal de la Mancha. “Nadie podrá trabajar en el Reino Unido si no tiene una identificación digital. Así de simple”, afirmó.
En un discurso pronunciado en la cumbre Global Progress Action, el primer ministro vinculó la medida a una visión más amplia de renovación nacional. “Debemos demostrar a los trabajadores que podemos brindarles orgullo y pertenencia, comunidades cohesionadas y un cambio positivo”, señaló, subrayando que la batalla política se libra hoy entre la “renovación patriótica” que propone su gobierno y la “división tóxica” de la ultraderecha.
Un debate cargado de simbolismo
El anuncio ha generado también resistencias internas. Una petición ciudadana en contra de la identificación digital reunió más de 900.000 firmas apenas días después de hacerse pública la propuesta, obligando a que la Cámara de los Comunes la debata formalmente.
Nigel Farage, líder de Reform UK, se erige como el principal opositor, sosteniendo que la medida “no afectará en absoluto a la inmigración ilegal” y que, en cambio, servirá para “controlar y penalizar al resto de la población”. Para Starmer, en cambio, aceptar el statu quo sería un error: “Lo peor que podríamos hacer es defender un sistema que no ha funcionado para la gente trabajadora”.
Más allá de la retórica, el éxito del plan dependerá de su paso por el Parlamento y de la aceptación ciudadana. El Reino Unido arrastra una tradición de recelo hacia cualquier sistema de identificación centralizada, asociada a invasiones de la privacidad. Además, persisten dudas sobre cómo se implementará el sistema en personas que no dispongan de teléfonos inteligentes.
Starmer enfrenta la presión de un electorado que considera la inmigración como el principal problema nacional y de un adversario político, Nigel Farage, cuyo partido podría desplazar a laboristas y conservadores en las próximas elecciones. La identificación digital, más que una herramienta administrativa, se ha convertido así en el símbolo de una batalla política mayor por el rumbo del país.