La Corte Suprema de Brasil atraviesa un momento histórico. El juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar subvertir el orden democrático tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, avanza hacia una definición que podría marcar un antes y un después en la política brasileña.
El relator del caso, Alexandre de Moraes, abrió la sesión con un voto categórico. Durante más de cinco horas expuso un relato detallado de lo que definió como un plan orquestado desde 2021 y que alcanzó su punto más álgido con los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de simpatizantes del exmandatario asaltaron las sedes de los tres poderes. “Brasil casi volvió a una dictadura”, advirtió el juez, al describir a Bolsonaro como líder de una “organización criminal” que operaba dentro del propio Estado.
El magistrado Flávio Dino se sumó al voto de Moraes, consolidando un 2-0 a favor de la condena. Dino coincidió en que Bolsonaro ejerció el papel de “figura dominante” de la trama golpista, aunque señaló que algunos de los coacusados tuvieron una participación menor. Ambos jueces aceptaron la acusación de la Procuraduría General de la República, que incluye cinco delitos: intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daños calificados y destrucción de patrimonio público protegido.
Los coimputados son siete exfuncionarios y militares de alto rango: los exministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira; el excomandante de la Marina, Almir Garnier; el exdirector de la Agencia de Inteligencia, Alexandre Ramagem; y el exayudante de órdenes de Bolsonaro, Mauro Cid. Según la acusación, integraban el “núcleo crucial” de la conspiración y participaron en la elaboración de un borrador de decreto para intervenir el Poder Judicial y desconocer los resultados de las elecciones de 2022.
Moraes hizo hincapié en que existieron pruebas abundantes: declaraciones públicas del expresidente, documentos incautados, mensajes en redes sociales y hasta testimonios de testigos de la defensa. El juez también mencionó el “gabinete del odio”, una estructura de difusión de desinformación que funcionaba en el Palacio del Planalto y que habría alimentado la narrativa de fraude electoral.
La Fiscalía sostiene que incluso se discutió la posibilidad de asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio juez Moraes, con el objetivo de “perpetuar” a Bolsonaro en el poder. Para el relator, no hay dudas de que la trama buscaba abolir violentamente el Estado de derecho y evitar la alternancia democrática.
Las penas, que podrían llegar hasta 43 años de prisión, serán debatidas en las próximas sesiones de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Basta un voto adicional para que se alcance la mayoría simple y se haga efectiva la condena. Los magistrados restantes —Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Luiz Fux— deberán definir su postura antes del viernes.
Bolsonaro, en arresto domiciliario por motivos de salud, no compareció en persona. Sus abogados alegan persecución política y sus seguidores denuncian una “caza de brujas”. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, acusó a la Corte de tener la decisión escrita “desde hace meses”. Paralelamente, legisladores aliados trabajan en un proyecto de amnistía que, según el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, contaría con amplia mayoría en el Congreso.
El caso ha trascendido las fronteras brasileñas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a Bolsonaro y calificó el juicio como una “persecución”. Como gesto político, impuso aranceles del 50% a varias exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios del Supremo, incluido Moraes. Washington no descarta nuevas medidas, lo que genera inquietud en el gobierno de Lula. “No es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, admitió el ministro de Finanzas, Fernando Haddad.
El proceso contra Bolsonaro marca la primera vez que un expresidente brasileño podría ser condenado por tentativa de golpe de Estado. La decisión que tome la Corte Suprema no solo definirá el futuro político y judicial del líder ultraderechista, sino que también sentará un precedente para la democracia brasileña en su conjunto.