Brasil se prepara para un juicio sin precedentes en su historia democrática reciente. El expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, enfrenta un proceso en el Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía le atribuye hasta cinco delitos, incluido el de abolición violenta del Estado democrático de derecho, lo que podría derivar en una condena máxima de 43 años de prisión.
La fase final del juicio comenzó el 2 de septiembre, con audiencias públicas transmitidas en directo, fiel a la tradición de transparencia del STF. Aunque el exmandatario guarda arresto domiciliario en Brasilia con tobillera electrónica, se desconoce si seguirá las deliberaciones desde su casa o si acudirá al tribunal, el mismo que fue asaltado por sus seguidores el 8 de enero de 2023.
Un líder bajo presión interna y externa
El proceso judicial ha tenido eco internacional, especialmente por la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump, quien calificó el juicio como una “caza de brujas” y llegó a imponer aranceles del 50% sobre productos brasileños en represalia. Sin embargo, el STF mantiene el calendario previsto, liderado por jueces como Alexandre de Moraes, uno de los principales opositores a las políticas autoritarias del bolsonarismo.
En paralelo, Bolsonaro enfrenta divisiones en su propio campo político. La posibilidad de una condena alimenta las presiones por aprobar una ley de amnistía en el Congreso, aunque las iniciativas no han prosperado. Mientras su núcleo duro exige un perdón irrestricto, sectores de centroderecha impulsan una amnistía limitada solo para los condenados por el asalto a los poderes en 2023.
Con el exmandatario inhabilitado hasta 2030, la derecha brasileña debate su futuro político de cara a las elecciones de 2026, en las que Lula, de 79 años, ya anticipa su intención de buscar la reelección.
Dentro del clan Bolsonaro surgen varios nombres: su hijo Flávio, senador; Michelle Bolsonaro, su esposa, con buena imagen en las encuestas; y Eduardo Bolsonaro, que desde Estados Unidos defiende abiertamente la alianza con Trump, incluso a costa de tensiones internas. El concejal Carlos Bolsonaro también mantiene influencia en las bases digitales del movimiento.
Fuera del círculo familiar, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece como el principal presidenciable del campo conservador. Ha prometido indultar a Bolsonaro si llega al poder, postura compartida por otros gobernadores como Romeu Zema (Minas Gerais) y Ronaldo Caiado (Goiás). Sin embargo, esta cercanía genera recelos entre quienes buscan reconstruir una derecha más institucional.
El caso Bolsonaro recuerda a las turbulencias de 2018, cuando Lula, favorito en las encuestas, intentó competir pese a estar encarcelado por corrupción. Finalmente, su candidatura fue anulada y Bolsonaro alcanzó la presidencia. Años después, las condenas de Lula fueron anuladas y regresó al poder en 2022.
Hoy la situación parece invertida: Lula busca consolidarse como garante de la institucionalidad mientras Bolsonaro afronta el banquillo acusado de golpismo. Para analistas como Rubens Glezer, profesor de la Fundación Getulio Vargas, este proceso “es un test de fuerza para los tribunales brasileños, con implicancias que van más allá de Brasil y que marcarán un precedente en América Latina y el mundo”.
Un desenlace incierto
En Brasilia nadie duda de que habrá condena. Lo que queda por definir es la magnitud de la pena y el lugar de cumplimiento: arresto domiciliario por motivos de salud, prisión militar por su condición de excapitán del Ejército, o incluso una cárcel de máxima seguridad.
Lo que sí parece seguro es que el juicio sacude de raíz a la derecha brasileña, dividida entre quienes buscan preservar el legado bolsonarista y quienes apuestan por un nuevo liderazgo. En cualquier caso, el desenlace marcará el rumbo de la segunda mayor democracia de América en los próximos años.