Madrid (EFE). “Las Malvinas son argentinas. Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, dijo el mandatario en un desayuno informativo en Madrid, durante su visita a España, en el que aseguró que ese punto no está “bajo ningún tipo de discusión”.
En su intervención, aseguró que Argentina confía en seguir haciendo su reivindicación y en recuperar “por la vía diplomática” el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio, ya que su país no cree “en soluciones bélicas”.
“Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Nosotros no creemos en las soluciones bélicas”, dijo hasta en tres ocasiones.
Milei se dirigió también a “aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo” para decirles que entonces “no les van a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente” y citó como ejemplo el yacimiento de Vaca Muerta. “Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas porque somos sus legítimos dueños”, concluyó.
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Convocatoria del Tribunal de arbitraje
Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) los próximos 10 y 11 de noviembre sobre las medidas solicitadas por Buenos Aires respecto a la explotación del yacimiento de Sea Lion, próximo a las islas Malvinas, administradas por Londres aunque el país sudamericano reclama su soberanía.
Según informó este martes en un comunicado el TIDM, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente de dicho tribunal, Maurice K. Kamga, fijó esos días para la vista, que será pública y se celebrará en la sala principal del tribunal, sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina el pasado martes.
Ese día, el Gobierno argentino solicitó dichas medidas “con arreglo al apartado 5 del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, en el marco de su contencioso sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental, recordó el tribunal.
Buenos Aires quiere frenar la explotación británica de los hidrocarburos en las islas y, en concreto, que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración y deje de “impedir” que Argentina “cumpla con su obligación” de “proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia”.
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Pedido del Ejecutivo argentino
El Ejecutivo del presidente Javier Milei también pidió medidas para que Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa”.
El objetivo de Argentina pasa por detener el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Argentina considera “ilegales” los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.
El pasado 28 de septiembre, el Ejecutivo argentino anunció que iniciaría una solicitud de arbitraje al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el TIDM.