San Salvador (AFP). El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, reveló el pasado martes un plan de excarcelación anticipada que “beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”.
Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP en conferencia de prensa el viernes pasado, el mandatario dijo que la evaluación contemplará a 10.629 personas identificadas como colaboradoras “momentáneas, de casualidad, o especial”, pero que no pertenecen a la estructura de esas bandas.
“De esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50% pudiera entrar al programa ‘Cero Ocio’ para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”, afirmó.
Ese programa da beneficios a cambio de trabajo en obras públicas. Oenegés humanitarias aseguran que se aplica a detenidos en la ofensiva contra las pandillas que no han recibido condena.
Bukele reveló la semana pasada su plan al ser consultado por afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una “comisión” que revisa los casos de detenidos en la “guerra” antipandillas. “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseveró Bukele junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita en El Salvador.
Fue una “tergiversación”
El mandatario negó que contemple liberar al 50% de los más de 93.000 detenidos en cuatro años bajo el régimen de excepción que rige en el país, como aseguraron algunos medios de comunicación. Fue una “tergiversación”, dijo.
Bukele sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas según su grado de participación en actividades delictivas e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.
Grupos humanitarios critican el régimen de excepción porque permite arrestos sin orden judicial y cuestionan que se considere la colaboración delictiva sin tomar en cuenta el temor que infundían los pandilleros, así como la existencia de inocentes encarcelados.
Lea más: El Salvador será el país “más seguro del mundo”, enfatiza el presidente Nayib Bukele
Régimen de excepción
“Nadie debe declararse culpable de un delito que no cometió para recuperar su libertad”, reaccionó este sábado el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), que también cuestionó quién decidirá quién es colaborador de las pandillas y con qué pruebas.
Según el presidente, su ofensiva antipandillas incidió en la reducción histórica de los homicidios registrada en el país, mientras organizaciones humanitarias denuncian violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
En la conferencia de prensa, Bukele calificó su modelo de seguridad como “el mejor plan de combate al crimen del mundo”. “Nadie en la historia de la humanidad, en ningún país, ha logrado lo que hemos logrado”, aseguró.
Política de “mano dura” en Costa Rica
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió su política de “mano dura” contra el crimen inspirada en su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuestionado por abusos cometidos durante su guerra antipandillas.
Fernández, entusiasta de la estrategia de seguridad de Bukele, inauguró la semana pasada el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad basada en el modelo de la megacárcel salvadoreña.
La gobernante, tras llegar a El Salvador para una visita, realizó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas y al que Fernández describió como un “monumento a la justicia”.
La mandataria afirmó que combatir el crimen con “mano dura” no implica “renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente defendió y lo seguiremos haciendo”.
Junto a Bukele, la mandataria dijo que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos y cooperación con Estados Unidos y El Salvador.
Fernández elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a esas estructuras criminales y añadió que una iniciativa similar en Costa Rica está “cerca” de convertirse en ley.