La Paz (EFE). La Fiscalía General de Bolivia recopila pruebas para un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales, acusado de presuntos “delitos de lesa humanidad” en un polémico caso de “terrorismo” durante su gobierno en 2009.
El Ministerio Público inició la “fase de acumulación de antecedentes” contra Morales (2006-2019) y quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, acusados de supuesto asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad.
Esto se da después del “análisis de admisibilidad” tras la acusación de legisladores de la alianza opositora Libre, del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y del informe que ahora el fiscal general interino, José Armando Urioste, debe presentar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Urioste precisó que la solicitud se trata de una “etapa inicial de investigación”.
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Acusación fiscal
La ley boliviana establece que la Fiscalía tiene hasta 30 días para acumular antecedentes y luego, en caso de existir “materia justiciable”, formular la acusación al TSJ, que a su vez pedirá la autorización al Parlamento para continuar con el caso.
La semana pasada, los representantes de Libre presentaron a la Fiscalía la acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera, quienes deben responder por “ejecuciones sumarias” y posteriores “detenciones ilegales” y “torturas”.
En abril de 2009, una operación policial en el hotel Las Américas, en la ciudad oriental de Santa Cruz, se saldó con tres extranjeros muertos, incluido el irlandés Michael Dwyer, y la detención del croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.
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Presunta célula terrorista
Los cinco fueron acusados por el Gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente Morales. En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.
Como ya habían cumplido su condena estando en detención preventiva, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad. Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.
El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, tras retirar sus acusaciones el entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), detractor de Morales, y la Fiscalía boliviana.