Berlín (EFE). La jurista sudafricana especializada en crímenes internacionales, Navanethem “Navi” Pillay, es galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026. El comité le concedió el preciado galardón “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”. Tras ser informada, la magistrada advierte del riesgo de que el mundo “vuelva a ser gobernado por el poder del más fuerte y no por la ley”.
“El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo”, señaló el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.
“La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento”, agregó.
Intento de debilitar el derecho internacional
Con este galardón a Navi Pillay, “el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta”. “La paz requiere justicia”, subrayó en su fallo el Comité.
“Estamos viviendo en una era en la que el derecho internacional y los derechos humanos son objeto de significativos ataques políticos. Esta realidad cada vez peor es particularmente visible a través de los ataques contra la Corte Penal Internacional”, aseguró en una rueda de prensa improvisada en Núremberg (Alemania).
Debido a estos intentos de “debilitar” el sistema de justicia internacional, (afirmó en alusión implícita a las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional- CPI), se corre el riesgo de “regresar a un mundo en el que el poder en vez de la ley determina qué sufrimiento importa y cuál no”.
Pillay, que ha ejercido entre otros como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la CPI y que actualmente es jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Gambia contra Birmania, dedicó el premio a todos los supervivientes de crímenes de guerra y a los defensores de la justicia internacional.
Recordó que casualmente, al recibir la noticia, se hallaba en la sala en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis, pues es miembro de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, que tiene allí su sede.
Advierte de retrocesos
Los lentos progresos que ha realizado desde entonces la justicia internacional, sin embargo, se encuentran ahora en peligro debido a los ataques actuales contra sus instituciones, advirtió Pillay, que se mostró sorprendida por el Nobel, pero también “profundamente honrada y agradecida”.
“Este premio refuerza mi convicción de que debemos unirnos en defensa de la primacía de la ley, en defensa de los tribunales internacionales y de un orden legal internacional basado en los principios y no en la selectividad”, aseguró la galardonada, que también fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un mensaje a los líderes políticos, Pillay les recordó que se hallan bajo la “obligación legal” y también moral de “proteger los derechos humanos y evitar la guerra y hacer realidad la Carta de Naciones Unidas”. “Y esta es una obligación que todos los Estados deben cumplir”, remachó.
Pillay, que hasta hace poco presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, la cual determinó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, fue galardonada “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”.
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EE.UU. sanciona a la Corte Penal
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.
“Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy (por ayer), el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, proclamaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, la CPI rechazó “firmemente” la decisión del gobierno estadounidense y advirtió de que la medida supone “un ataque al Estado de derecho” que busca “perturbar” su funcionamiento e “intimidar” a quienes trabajan en la institución.