Washington (EFE). La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.
Posterior a la reunión extraordinaria de cancilleres de la OEA, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, explicó que la resolución propone volver a reunirse en noventa días, después del trabajo de la delegación encargada de dar seguimiento a la situación, y que su país mantiene “todas las opciones sobre la mesa” para exigir cuentas a Managua.
Segura dijo que es evidente que Ortega “no tiene voluntad de negociar” al poner como ejemplo la decisión de rechazar a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, una diplomática de carrera que había sido nominada por el presidente Donald Trump.
Aprobación de resolución por unanimidad
A juicio de Segura, esa decisión demuestra que Managua “no quiere tener un diálogo serio” y contrasta con el esfuerzo de Washington por “mantener un canal diplomático profesional con el país”.
El texto, aprobado por unanimidad en la OEA, también insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
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La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.
De acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), siete de los ocho detenidos forman parte de los 222 presos políticos que el Gobierno de Ortega y Murillo expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras declararlos “traidores” y despojarlos de su nacionalidad.