Bogotá (AFP). La indagatoria vincula formalmente al poderoso político con este proceso judicial, y lo deja nuevamente bajo escrutinio por sus presuntos vínculos con paramilitares en la cruenta ofensiva que libró contra las guerrillas cuando era presidente y gobernador.
Esta vez la Fiscalía escuchará la versión del expresidente sobre las masacres paramilitares de El Aro (1997) y La Granja (1996) en la convulsa región de Antioquia, cuando era gobernador.
También al asesinato de Jesús María Valle en 1998, líder social asesinado a tiros en la ciudad de Medellín tras denunciar las masacres.
“Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”, dijo el político de 74 años en Bogotá, antes de ingresar al interrogatorio de la Fiscalía.
Ofensiva contra guerrillas
Uribe, que llevó a cabo una cruenta ofensiva contra la guerrilla durante sus dos mandatos presidenciales, entre el 2002 y el 2010, está bajo sospecha por vínculos con paramilitares desde hace años.
Acompañado por un fuerte dispositivo de seguridad, con escoltas y escudos, acusó a sus “adversarios políticos”. Siempre aseguró ser víctima de una persecución política.
En agosto del 2025 fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha. Pero más tarde un tribunal de Bogotá revocó la pena.
Durante las masacres, los paramilitares mataron a decenas de campesinos, se llevaron su ganado y quemaron sus casas.
Antioquia
Las víctimas y los testigos aseguraron ver un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolar y custodiar a los paramilitares por días durante la masacre de El Aro.
En los convulsos 1990, Antioquia fue escenario de una violencia extrema debido al narcotráfico, la expansión paramilitar y la presencia de guerrillas.
La Fiscalía acusa a Uribe de “facilitar y promover” la acción de los paramilitares en la región, con su finca familiar Las Guacharacas como centro operacional.
Su hermano, Santiago Uribe, fue condenado el año pasado a 28 años de prisión por liderar un escuadrón paramilitar denominado “Los 12 Apóstoles”.
La defensa del expresidente ha intentado dilatar y suspender la investigación.
En el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omisión en las masacres y dos años después por la ejecución extrajudicial de María Valle.