San José, Costa Rica (AFP). La reforma, impulsada por los copresidentes, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, busca establecer mandatos de siete años renovables y restringe la participación electoral de opositores considerados por las autoridades “traidores a la patria”.
La OEA aprobó el 19 de agosto pasado una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres en Washington que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. Todavía no hay fecha para esta cita.
Ramdin dijo durante una entrevista con el medio nicaragüense Confidencial (en el exilio) que “es importante que (...) todos rechacen esta idea de que un gobierno, elegido de manera dudosa, puede determinar cuáles son los derechos del pueblo”.
Daniel Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
Ramdin afirmó que la presión contra el gobierno de Nicaragua puede ser “económica”, en “términos de vuelos”, en “apoyo político o participación en organizaciones internacionales”. “Hay muchas formas, corresponde a los Estados miembros decidir, pero esta es una oportunidad”, agregó.
Aprobación del proyecto de reforma
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, afirmó que el Órgano Legislativo, controlado por el oficialismo, aprobará la reforma constitucional, que deberá ser ratificada el próximo año en una nueva votación.
El proyecto también endurece las restricciones políticas para quienes las autoridades consideren vinculados a las protestas de 2018, “responsables de promover sanciones internacionales o de menoscabar la independencia, soberanía y autodeterminación del país”.
Según Ramdin, el objetivo de la presión es obligar al gobierno de Nicaragua a “iniciar una discusión sobre una transición hacia una democracia plena” y hacia unas elecciones “creíbles y accesibles para todos los nicaragüenses, en libertad y con resultados justos”.