Washington (AFP). “Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.
Esta nueva oleada de sanciones se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones entre Washington y La Habana.
El gobierno de Donald Trump exige a la isla cambios políticos y económicos fundamentales, mientras que La Habana denuncia el bloqueo petrolero que sufre desde hace seis meses, que se añadió al embargo comercial vigente desde hace décadas.
Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, es hijo de Alejandro Castro Espín, general de brigada y una de las figuras principales del régimen, que fue a su vez sancionado por Washington recientemente.
Raúl Castro apareció en público en La Habana el 13 de agosto, en un acto con motivo del centenario de su hermano Fidel Castro.
“Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus compinches en el represivo Ministerio del Interior de Cuba (MININT) siguen perpetuando su control absoluto sobre la economía de la isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen” acusó Rubio en su comunicado.
Rubio y el dosier de Cuba
De orígenes cubanos, Marco Rubio es el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, además de secretario de Estado, y lleva personalmente el dosier cubano en la administración Trump.
Ser designado en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) estadounidense significa ser sometido a sanciones económicas y financieras. Las personas o entidades no pueden entablar ningún tipo de relación económica o empresarial en Estados Unidos, ni acceder a su red financiera.
La OFAC, que forma parte del Departamento del Tesoro, anunció por otra parte que concede una excepción, la licencia general 4A, que permite las operaciones de embajadas y consulados de terceros países en Cuba, que quedan así fuera del esquema de sanciones. La licencia 4A permite por ejemplo a esas legaciones recibir fondos del exterior para sus operaciones corrientes, que de otra forma podrían provocar represalias financieras de Washington.