La Paz (EFE). Bolivia registra un declive sostenido - que inicio bajo administración socialista- en su producción y exportación de gas natural tras años de cifras récord. El país enfrenta ahora una creciente dependencia de combustibles importados, provocando problemas de abastecimiento recurrentes que la administración de Rodrigo Paz intenta mitigar en medio de una crisis sectorial.
Estas son algunas claves del auge y crisis del sector de hidrocarburos:
Auge y declive del gas
El gas natural fue hasta hace unos años el sustento de la economía boliviana, con un volumen histórico de producción de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014, 6.113 millones de dólares en exportaciones en 2013 y un nivel de reservas de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF en inglés) certificadas a 2017.
La producción empezó a caer desde 2016 y actualmente ronda los 27 MMmcd, mientras que el valor de las exportaciones en 2025 fue de 1.082,4 millones de dólares y de enero a junio, alcanzó a 498,1 millones. Además, las reservas actuales rondan los 3,7 TCF.
Argentina y Brasil eran los principales mercados del gas boliviano, pero en septiembre de 2024 cesaron las ventas al mercado argentino.
Desabastecimiento de líquidos
Desde 2024, el abastecimiento de combustibles líquidos es irregular, lo que se refleja en largas filas de vehículos que esperan por horas, o incluso días, para cargar carburantes. Bolivia importa un 60% de la gasolina y un 95% del diésel que consume, con un gasto semanal de unos 90 millones de dólares.
En su momento, el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) atribuyó el problema al bloqueo de la aprobación de créditos externos en el entonces Legislativo, en un contexto de escasez de dólares que comenzó en 2023.
Desde el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, en noviembre pasado, el abastecimiento ha tenido altibajos. Entre mayo y junio, el problema fueron los bloqueos de carreteras por protestas sociales, pero en las últimas semanas nuevamente hay largas filas en las gasolineras.
Nacionalización cuestionada
Las autoridades sostienen que la nacionalización de los hidrocarburos decretada en 2006 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) no dio los resultados prometidos y desincentivó la inversión en exploración.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía advirtió que Bolivia podría convertirse en importador de gas entre 2028 y 2030 si no se reactiva la producción. Ante esto, el Ejecutivo de Rodrigo Paz anunció nuevas normas para el sector y hace dos semanas presentó un proyecto de ley de inversiones que plantea que cualquier nacionalización sea aprobada por el Legislativo, previo análisis de la pertinencia o no de esa medida.
Gasolina contaminada
A principios de año, varios usuarios reportaron problemas en sus vehículos, atribuidos a la mala calidad de la gasolina. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que supuestamente generó un desbalance en el combustible.
Ante las protestas sobre todo de los sindicatos de transportistas, el Gobierno actual habilitó un sistema de compensación que hasta junio registró más de 70.000 reclamos y se asumieron medidas como mayores controles en la cadena de distribución y la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores.
Este problema, que el Gobierno sostiene que fue “heredado” de la gestión de Arce, le costó el puesto a un ministro y a dos presidentes de YPFB, y también derivó en una investigación penal.
Las subvenciones
El Gobierno retiró en diciembre la subvención de los combustibles que rigió desde 2005 y que, según autoridades y expertos, ya era insostenible, lo que supuso incrementos del 86 y el 162% en los precios de los carburantes. Pero en julio, decidió mantener fijos por otros seis meses los costos, ante la aplicación del tipo de cambio flexible para el dólar.
La semana pasada, el Ejecutivo retiró la subvención del diésel para los “grandes consumidores”, con un precio “referencial” inicial de 18 bolivianos (1,56 dólares, al tipo de cambio vigente). Ese costo, que será variable, no se aplica para transportistas ni privados con consumos menores a los 5.000 litros mensuales.
El ajuste abrió un frente de conflicto con los productores de la región oriental de Santa Cruz, el motor económico del país, mineros cooperativistas y transportistas, entre otros sectores. El Gobierno defiende que se busca evitar que el combustible se desvíe al contrabando hacia otros países, donde el precio es mayor.