Santiago (AFP). Aunque Chile es uno de los países más seguros de América Latina sufre un aumento en los asesinatos y secuestros en la última década con la llegada de grupos criminales extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua.
La preocupación por la inseguridad llevó a la presidencia a un Kast que prometió mano dura contra el crimen.
“Durante el cumplimiento de su condena” y por “15 años luego de su cumplimiento, quedarán inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos” en derechos como la salud, la educación o la jubilación, dice la reforma que se radicó ante el Senado.
La medida fue cuestionada incluso dentro del propio gobierno. En un primer borrador, el ejecutivo proponía quitar todo acceso a la salud pública de estos convictos.
La idea fue criticada por la propia ministra de Salud, May Chomalí, que dijo a CNN Chile que el proyecto “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”.
Difícil camino
La reforma, sin embargo, fue matizada en su versión final. El ministro encargado de la agenda legislativa, José García Ruminot, aclaró que las restricciones específicas serán reguladas por el cuerpo legislativo. Pese a los cambios, la reforma tiene un difícil camino en el Congreso.
A pesar de que el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, una modificación constitucional requerirá cuatro séptimos del Parlamento, por lo que Kast necesitará votos de la izquierda.
A inicios de agosto, el mandatario anunció un paquete de reformas legislativas que incluye, entre otras medidas, la instauración de un régimen penitenciario especial para los líderes de organizaciones criminales o terroristas y mayores penas.
Otras reformas
Como lo había anticipado la semana pasada, el presidente Kast ingresó también al Senado una reforma constitucional de seguridad que contempla un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado y que fue tramitada con suma urgencia.
Actualmente, el estado de excepción, renovado de forma ininterrumpida por el Congreso en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío desde 2022 debido a reiterados episodios de violencia, es una figura que permite desplegar a los militares para el control del orden público, con más dotación y poderes para las Fuerzas Armadas.
La iniciativa contiene medidas para reforzar las herramientas del Estado en materia de prevención, persecución del delito y resguardo del orden público, dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y plantea ocho modificaciones a la Carta Fundamental (Constitución) que deberán ser discutidas en un plazo de 15 días.
La creación del nuevo estado de excepción estipula que el mandatario podrá decretarlo ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada y extenderlo por hasta 120 días, con la facultad de prorrogarla una vez por igual período. Su posterior extensión requiere de la decisión del Congreso.
Su ejecución establece que las zonas sobre las que se aplique quedan bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Jefe de Estado. Durante su vigencia, el Ejecutivo podrá suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento y los derechos de reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.