Caracas (EFE). Tras una primera fase que se extendió cinco días, ambas partes leyeron un comunicado conjunto en el hotel Gran Meliá Caracas, en el que se destacó la conformación de dos mesas técnicas para la atención de la emergencia por el doble terremoto que golpeó el pasado 24 de junio a este país y el fortalecimiento de la democracia, poder judicial y electoral.
Igualmente, se informó que se desarrollaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera.
El cronograma de ejecución de los acuerdos, según el comunicado conjunto, comenzará este mismo mes bajo un “mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”.
Este proceso comenzó formalmente el pasado 6 de agosto con el apoyo de Estados Unidos.
Renovación del Supremo
Las delegaciones acordaron renovar a todos los jueces del TSJ, señalado de servir al Gobierno, con un nuevo proceso de postulación.
Este anuncio significa el reinicio del plan que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ con la que se aumentó de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal.
También habrá una nueva reforma de la ley, según el comunicado.
Igualmente, se va a renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales, así como a “conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación”.
Proceso de cambios
Tras la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó un proceso de cambios en las instituciones, entre ellos el del TSJ.
El otro acuerdo de las delegaciones es el de recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Asimismo, acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, “para garantizar el bienestar de todos los afectados”.