Washington (AFP). Aunque no es la primera demanda que busca responsabilizar a una empresa de redes sociales por su impacto en la salud mental y la seguridad, esta podría convertirse en una de las más trascendentales.
Ayer la sesión estuvo dedicada a la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco. Además, fijaron que las audiencias comenzarán el 18 de agosto y se desarrollarán durante seis semanas, hasta finales de septiembre. El veredicto se conocerá probablemente a principios de octubre.
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey arremeterán contra la empresa con sede en Menlo Park en nombre de una treintena de Estados que iniciaron acciones legales en 2023.
¿Qué exige la demanda?
Exigen importantes modificaciones y restricciones en el funcionamiento de Instagram y Facebook para los menores, así como hasta 1,4 billones de dólares en sanciones, una cifra cercana a la capitalización bursátil de Meta, que superó los 1,5 billones de dólares el viernes.
El director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, figura entre los testigos estrella que la acusación planea llamar al estrado. También declaró hace seis meses en otro caso celebrado en un tribunal de Los Ángeles.
Meta ya fue condenada dos veces este año: primero a pagar 6 millones de dólares, solidariamente con YouTube, a una adolescente de Los Ángeles; y después a 1.000 millones de dólares en multas y reparaciones en el estado de Nuevo México.
Caso reciente
El más reciente caso que afrontó este gigante tecnológico trata de un juez federal de California que sancionó a Meta por destruir pruebas en un caso que la enfrenta al multimillonario australiano Andrew Forrest, por permitir presuntamente anuncios fraudulentos que utilizaban su imagen en la promoción de falsas inversiones en criptomonedas.
Lograr que se reconozca que Meta es responsable de la desaparición de esas pruebas está en el centro de la estrategia del célebre magnate minero.
Forrest busca demostrar ante la justicia que Meta modifica activamente los anuncios que difunde en sus redes sociales y puede, por tanto, ser considerada responsable de su contenido fraudulento.
Ley de 1996
Meta se ampara en un escudo jurídico que está en el corazón de la mayoría de las batallas judiciales contra los gigantes tecnológicos desde hace treinta años: una ley estadounidense de 1996 que exime a las plataformas de responsabilidad por los contenidos publicados en ellas por terceros.
En su decisión, consultada por la AFP, el juez P. Casey Pitts considera que Meta efectivamente destruyó o dejó desaparecer datos esenciales, causando un perjuicio al demandante. Sin embargo, el juez no consideró que hubiera intención de causar daño, y prefirió calificar la conducta del grupo como “negligencia grave”.
Si el caso llega a juicio, corresponderá al jurado decidir sobre esta cuestión.
Pero antes de eso, Meta aún puede intentar que el caso sea desestimado alegando que su inmunidad sigue vigente y la protege de un juicio, algo que el juez Pitts deberá resolver en solitario, sin jurado.