Buenos Aires (EFE). Tras más de casi trece horas de debate, el pleno de la Cámara Alta dio su visto bueno a la iniciativa por 37 votos a favor y 33 en contra. El tratamiento queda ahora en manos de Diputados.
Según el Gobierno de Javier Milei, el proyecto de ley de ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada busca eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.
El capítulo más polémico del proyecto, que reducía las restricciones a la compra de tierras por parte de personas y empresas privadas extranjeras, y que generó un fuerte malestar en la sociedad, fue eliminado por la bancada oficialista en el Senado en la víspera del debate.
Y en el último momento, tras la exposición de todos los senadores y tras horas de debates, también cayó el capítulo referido al uso de las tierras quemadas por los incendios en zonas rurales, uno de los más criticados especialmente por los ecologistas.
La Ley de Manejo del Fuego que quería ser modificada mediante el proyecto planteado por el Gobierno, y que no se ha conseguido, limita las modificaciones en el uso del suelo tras un incendio (provocado o accidental), así como la venta o división de las tierras afectadas.
Régimen de desalojo
La iniciativa del Gobierno eliminaba la prohibición del cambio de uso del suelo por 60 años después de un incendio en zonas de bosque, áreas naturales protegidas y humedales, y también el impedimento por 30 años para realizar proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias tras incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos.
Al caer ambos capítulos, el Gobierno no ha logrado sacar adelante los aspectos más criticados por la sociedad, pero aún así la iniciativa que dio el visto bueno el Senado incluye aspectos sensibles de impacto social y económico.
Expropiación e indemnización
Uno de los capítulos de la iniciativa, que si ha sido aprobado, introduce cambios en el régimen de desalojo de propiedades en casos de usurpación u ocupación ilegal, que pasarían a tramitarse por juicio sumario, un procedimiento más veloz que el actual.
Otro de los capítulos busca limitar la capacidad del Estado de expropiar bienes, con definiciones más exigentes de lo que sería la “utilidad pública” que justifique una expropiación.
Además, establece que la indemnización debe asegurar que el expropiado reciba una reparación plena -incluyendo el lucro cesante- por el valor de su bien, tomándose como referencia la valuación anterior al anuncio de la expropiación.